Consumo

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha alertado sobre un aumento del 21,63% en el número de jugadores online en 2024, coincidiendo con la reintroducción de los bonos de bienvenida por parte de las casas de apuestas. Esta situación ha llevado a la propuesta de una enmienda para prohibir estos incentivos en la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Según la Memoria de Actividad del Juego, los operadores generaron más de 8.000 millones de euros en ganancias, destacando un incremento significativo en el juego online. La mayoría de los nuevos jugadores son hombres jóvenes entre 18 y 45 años.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta medida reafirma el compromiso del ministerio de asegurar el derecho a la vivienda y hacer cumplir la legalidad frente a los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará trabajando para detectar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Competencia y Protección del Consumidor ha adoptado una resolución histórica que establece medidas multilaterales para mejorar la seguridad de los productos de consumo. Impulsada por España, junto a Brasil, Costa Rica, Perú, Sudáfrica y Suecia, esta resolución busca crear un marco de cooperación internacional que garantice la seguridad en todos los países. El ministro Pablo Bustinduy destacó la importancia de colaborar para proteger a las personas consumidoras a nivel global. La iniciativa responde al crecimiento del comercio digital y las cadenas de suministro globales, subrayando la necesidad de estándares comunes en la protección del consumidor.

Según datos del Ministerio de Sanidad, durante la temporada estival se concentra aproximadamente el 30,4% del consumo del cannabis, el 34% de LSD y el 27,5% de cocaína.

La plataforma de pisos turísticos Airbnb ha acusado este viernes a los hoteles de ser los principales responsables del turismo de masas en las ciudades, ya que, según sostiene, casi un 80 por ciento de las pernoctaciones en la Unión Europea (UE) tienen lugar en estos establecimientos. Este contraataque de Airbnb tiene lugar después de que el Gobierno instara a la plataforma a bloquear más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos que tenían publicados por incumplir la normativa en materia de consumo.

El consumo de fruta fresca en la última década ha caído alrededor de un 30 %, pasando de los 90,2 kilos per cápita de 2016 a los 64,4 kilos por persona de 2025, mientras que los platos preparados ganan terreno en una alimentación en el hogar que mantiene hábitos como la ingesta de arroz, pasta y legumbres.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a los consejeros y consejeras de Consumo en las comunidades autónomas a sancionar a las empresas detrás de los pisos turísticos ilegales. Durante la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo, Bustinduy destacó que el acceso a la vivienda es una preocupación principal para la ciudadanía y que se pueden utilizar competencias de Consumo para proteger este derecho. Se mencionaron acciones recientes contra plataformas como Airbnb por anuncios ilegales y se proporcionó información a gobiernos autonómicos sobre más de 16,000 pisos turísticos detectados en Galicia y Baleares. El ministro también subrayó la necesidad de actuar contra prácticas abusivas en el sector del alquiler.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España se une a autoridades de 35 países para combatir el greenwashing en las aerolíneas. Esta iniciativa busca asegurar que las comunicaciones ambientales de estas compañías sean veraces y respaldadas por pruebas científicas. A través de una carta impulsada por la red internacional ICPEN, se insta a las aerolíneas a evitar afirmaciones engañosas sobre su impacto ambiental y a proporcionar información clara sobre sus prácticas sostenibles. La acción destaca la importancia de la transparencia en un sector clave como el transporte aéreo, donde las decisiones de consumo tienen un gran impacto económico y medioambiental.

Consumidores de 12 países de la Unión Europea, incluyendo España, han presentado denuncias contra siete aerolíneas low cost por el cobro de tasas indebidas por el equipaje de mano. Esta acción se dio a conocer en Bruselas durante un evento de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), donde se destacó la reciente sanción de 179 millones de euros impuesta por España a varias aerolíneas por prácticas abusivas. Las asociaciones de consumidores exigen medidas estatales y han instado a la Comisión Europea a investigar estas tarifas abusivas. Esta iniciativa busca proteger los derechos de los consumidores y poner fin a las prácticas comerciales ilegales en el sector aéreo.

El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, exige a Airbnb retirar 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas. El Tribunal Superior de Madrid respalda al Gobierno, alegando que Airbnb vulnera la normativa, afectando principalmente a varias comunidades autónomas.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España ha anunciado un cambio normativo para combatir las llamadas spam. Se propone una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que obligará a las empresas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico y permitirá a las compañías telefónicas bloquear aquellas que no lo utilicen. Además, se declararán nulos los contratos cerrados en llamadas no consentidas y se exigirá renovar el consentimiento cada dos años para recibir estas comunicaciones. Estas medidas buscan proteger los derechos de los consumidores ante el creciente número de quejas sobre llamadas no deseadas.

El Gobierno de España ha aprobado un real decreto que garantiza a todos los niños y niñas el acceso a cinco comidas saludables semanales en los centros escolares. La normativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, establece que se ofrecerán frutas, verduras frescas, pescado y legumbres, mientras se eliminan bebidas azucaradas y bollería industrial. Este decreto busca reducir la desigualdad alimentaria y promover hábitos nutricionales saludables entre los estudiantes. Además, se destinarán 200 millones de euros para apoyar a las familias en situación de pobreza infantil. Con esta iniciativa, se pretende asegurar una alimentación nutritiva y sostenible en todos los niveles educativos.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,1 por ciento en marzo en relación al mes anterior, pero recortó su tasa interanual hasta el 2,3 por ciento, lo que supone una caída de siete décimas respecto a febrero y el nivel más bajo desde octubre de 2024, cuando se situó en el 1,8 por ciento. Así lo recoge el avance de datos publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, ha incoado, a través de la Dirección General de Consumo, expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios.

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha recibido el respaldo del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) por las sanciones impuestas a cinco aerolíneas low cost, que suman casi 179 millones de euros, por prácticas abusivas hacia los consumidores. Durante una reunión, Bustinduy destacó que "ninguna empresa, por poderosa que sea, puede saltarse la ley", en respuesta a las críticas del CEO de Ryanair. El CCU instó a mantener la firmeza en la defensa de los derechos de los consumidores y rechazó cualquier presión o amenaza relacionada con las sanciones. Esta acción se considera un paso crucial para asegurar un mercado justo y competitivo en el sector aéreo.