El Ministerio de Consumo ha impuesto una multa de 64.055.311 euros a la plataforma Airbnb, dedicada al alquiler de alojamientos turísticos, por la publicación de anuncios de viviendas sin licencia, entre otras infracciones. Esta sanción ha sido clasificada como grave y se considera firme tras la resolución del recurso administrativo interpuesto ante el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
La decisión del ministerio implica no solo la multa económica, sino también dos sanciones accesorias que obligan a Airbnb a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los anuncios ilegales y haciendo pública la multa impuesta.
Infracciones identificadas
Las irregularidades en cuestión afectan a un total de 65.122 anuncios en la plataforma. Entre las principales infracciones se destacan:
- Prácticas comerciales desleales: Publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las normativas autonómicas que exigen mostrar el número de registro correspondiente.
- Publicidad engañosa: Anunciar alojamientos con números de licencia falsos o no verídicos sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
La sanción impuesta es equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el tiempo que los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento del Ministerio. Cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó previamente la orden de retirada dictada por el ministerio.
Sanciones adicionales y contexto social
Otras infracciones incluyen: omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión (sancionada con 10.000 euros), obstrucción a las funciones de inspección (también multada con 10.000 euros) y el incumplimiento de medidas provisionales para evitar riesgos a consumidores (sancionada con 55.000 euros).
En un contexto más amplio, el Ministerio está llevando a cabo otros expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias, buscando frenar posibles abusos hacia inquilinos en la gestión del alquiler. Estas acciones forman parte del compromiso del gobierno para abordar la crisis habitacional en España, un problema que afecta a miles de familias según Bustinduy, quien ha afirmado: “Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares.” Además, subrayó que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley.”
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