Anticorrupción ha dado un golpe más en el caso de las mascarillas. La Fiscalía ha incorporado un nuevo delito a la acusación contra el exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos; su exasesor, Koldo García; y el empresario considerado pieza clave de la trama, Víctor de Aldama, que ahora colabora con la Justicia.
El escrito remitido este miércoles al Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal sostiene que los dos primeros alertaron a De Aldama de la urgencia con la que el Ministerio necesitaba adquirir mascarillas al inicio de la pandemia, un aviso que le permitió colocarse en primera fila y asegurarse contratos millonarios.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, detalla que esa “información previa y privilegiada” permitió al empresario preparar una oferta antes de que la demanda de material fuera pública. Asegura incluso que esa maniobra se hizo con “la aquiescencia” de Ábalos y Koldo y con el compromiso implícito de adjudicación.
El Ministerio Público eleva así la gravedad de la trama y reclama 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para Koldo y 7 años para De Aldama, en este caso con la atenuante de confesión.
A Ábalos, que continúa en su escaño como diputado por Valencia logrado como candidato del PSOE, y a su exasesor se les imputan ahora cinco delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y aprovechamiento de información privilegiada. A De Aldama, tres de ellos. Según la Fiscalía, fue gracias a esos avisos internos que su empresa vinculada, Soluciones de Gestión, obtuvo el 21 de marzo de 2020 —el mismo día en que se publicó la orden para adquirir cuatro millones de mascarillas, luego ampliados a ocho— un contrato de 24,2 millones de euros adjudicado por Puertos del Estado.
Ese contrato, subraya Luzón, abrió la puerta a nuevas adjudicaciones en otras administraciones, entre ellas Baleares y Canarias. Un efecto dominó que permitió a De Aldama embolsarse 3,7 millones de euros en comisiones, parte de las cuales, afirma Anticorrupción, fueron repartidas como compensación a Ábalos y Koldo.
La Fiscalía reclama exactamente esa misma cantidad —3.713.981 euros— como multa a los tres acusados.
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