Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo, se ha declarado culpable de organización criminal, cohecho e información privilegiada, buscando una atenuante por su colaboración con la Justicia para reducir su pena de siete años de prisión solicitada por la Fiscalía.
El presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha decidido mover ficha antes del juicio. El empresario se ha declarado culpable de los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada y ha solicitado al Tribunal Supremo que le aplique una atenuante “muy cualificada” por su colaboración con la Justicia, con el objetivo de evitar los siete años de prisión que reclama la Fiscalía Anticorrupción.
Así consta en su escrito de defensa, presentado tras el escrito de acusación del Ministerio Público por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia desde el Ministerio de Transportes. En ese documento, Anticorrupción solicitó penas de prisión para los tres principales encausados, aunque ya planteó una condena inferior para Aldama al valorar su confesión frente a los otros dos procesados: el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
ADMITE LOS TRES DELITOS
Aldama ha admitido expresamente los tres delitos de los que se le acusa: uno de organización criminal, otro continuado de cohecho pasivo y un tercero de aprovechamiento de información privilegiada. No obstante, su defensa sostiene que la pena solicitada “debe rebajarse en un grado adicional” por la confesión y por lo que define como una “colaboración proactiva con la Justicia” desde una fase temprana del procedimiento.
Según expone el escrito, esa colaboración se ha traducido en “escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales” en las que el empresario ha confesado los hechos criminales en los que participó, contribuyendo —sostiene— al esclarecimiento de la trama y a concretar la responsabilidad del resto de acusados. Una estrategia clara para diferenciar su papel del de Ábalos y Koldo y tratar de rebajar su castigo penal.
En lo sustancial, Aldama asume “el relato fáctico” de la Fiscalía y reconoce que los contratos de material sanitario adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión —considerada el epicentro de la trama— se concedieron gracias a sus “relaciones” con el entonces ministro y su asesor. También admite que llegó a facturar en concepto de comisiones un total de 6,67 millones de euros a través de distintas sociedades.
"SE PROYECTÓ EL PAGO DE COMISIONES TANTO A ÁBALOS COMO A KOLDO"
El empresario recuerda además que ya declaró ante el juez que se proyectó el pago de comisiones tanto a Ábalos como a Koldo —identificado en la causa como “Goblin”— por importe de dos millones de euros y 500.000 euros, respectivamente. Según su versión, aproximadamente el 50 por ciento de las comisiones obtenidas se destinarían a ambos, conforme a las cantidades que, asegura, le fueron solicitadas.
La defensa de Aldama también ha solicitado una larga lista de testigos para el juicio. Entre ellos figuran los empresarios Juan Carlos Cueto, señalado como presunto comisionista del caso Koldo, y Claudio Rivas, a quien la UCO de la Guardia Civil sitúa como supuesto cabecilla de una trama de hidrocarburos vinculada a la empresa Villafuel. Además, ha pedido la comparecencia de personas del entorno personal y familiar de Ábalos y Koldo, incluidos el hijo del exministro y varias mujeres relacionadas con él, así como la expareja y el hermano del exasesor.
JAVIER HIDALGO DE AIR EUROPA EN LA LISTA DE TESTIGOS
En la lista de testigos aparecen también nombres relevantes del sector público y empresarial, como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el presidente de Correos y ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura, o el ex CEO de Air Europa Javier Hidalgo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, mientras que las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, elevan la petición hasta los 30 años para el exministro y su exasesor y reclaman para el empresario la misma pena que el Ministerio Público.
En su escrito de acusación, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, subrayó que la confesión de Aldama no era “autoexculpatoria”, sino “relevante y veraz”, y coherente con el material probatorio incorporado a la causa. Una confesión que, ahora, el empresario espera que le sirva para salir del foco como uno de los grandes beneficiados de la trama… y también para evitar pasar demasiados años entre rejas.
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