El Parlamento de Canarias ha dado luz verde a la modificación de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera. Esta reforma, celebrada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, busca modernizar un marco normativo que no se actualizaba desde hace más de una década.
La nueva legislación, que surge del Decreto-ley 6/2024 aprobado en noviembre del año anterior, incluye un conjunto significativo de enmiendas consensuadas entre los grupos parlamentarios. Su objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica, clarificar aspectos técnicos y adaptar el sistema canario al marco normativo europeo.
Un avance hacia la sostenibilidad
Rodríguez ha destacado que este día representa un hito para Canarias: “Hoy hemos aprobado la modificación más significativa de esta ley en más de diez años”. Este cambio es fruto del consenso entre los partidos políticos y el sector del transporte, lo cual añade valor a la reforma. “Es el resultado de un esfuerzo colectivo en un ámbito complejo”, subrayó el consejero.
Una de las innovaciones más relevantes es la inclusión de criterios medioambientales en la concesión de autorizaciones y licencias. “Con esta ley apostamos por un desarrollo que conecta mejor a las personas y protege nuestras islas”, afirmó Rodríguez. Por su parte, Fernández enfatizó que el sector llevaba tiempo demandando una actualización normativa ante un contexto cambiante.
Transformaciones clave en el transporte
Las modificaciones introducidas mediante 64 enmiendas durante el periodo ordinario y 22 in voce representan una transformación profunda en la regulación del transporte en Canarias. Entre las principales novedades se encuentran: la delimitación clara sobre las autorizaciones VTC para evitar incertidumbres; criterios ambientales para gestionar autorizaciones según las realidades insulares; y el reconocimiento del taxi como servicio público esencial dentro del sistema de movilidad.
Además, se han implementado mejoras técnicas significativas para hacer más eficiente el funcionamiento del sector. Esto incluye la obligación del uso de medios electrónicos en procedimientos administrativos y la adaptación al Reglamento Europeo 1071/2009, así como la inclusión del transporte a demanda.
Apuesta por el acceso universal
La nueva ley también busca garantizar el acceso universal al transporte. Se permitirá excepcionalmente que taxis y VTC presten servicio escolar en zonas rurales con escasa oferta, asegurando así el derecho al transporte para los menores. Asimismo, se amplían las definiciones relacionadas con el transporte escolar para incluir centros educativos y actividades extraescolares organizadas.
En términos de control, se han establecido medidas estrictas para mejorar el cumplimiento legal, endureciendo penas contra el transporte ilegal e incluyendo protecciones para conductores y usuarios. La norma limita además las operaciones VTC, prohibiendo su estacionamiento o circulación buscando clientes.
Un paso decisivo hacia un modelo equitativo
Cerrando su intervención, Fernández destacó que esta modificación no solo representa una actualización técnica sino un avance histórico hacia una movilidad responsable y adaptada a las necesidades actuales de Canarias. “Avanzamos hacia un modelo más equitativo que garantiza un transporte digno y eficiente para toda la ciudadanía”, concluyó.
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