Rechazo a jubilación parcial anticipada para empleados públicos

La reciente sentencia de un juzgado en Gijón ha marcado un hito al negar la posibilidad de jubilación parcial anticipada a una trabajadora, lo que ha generado un fuerte reclamo por parte de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Este sindicato exige al Gobierno español que implemente cambios legales que reconozcan este derecho para todos los empleados públicos.

El fallo judicial, el primero en España tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2024, argumenta que el convenio colectivo autonómico que regula la jubilación parcial es inferior a la nueva normativa estatal. Según el tribunal, esta situación limita las opciones de los empleados públicos, quienes se encuentran en una posición desfavorable debido a las condiciones impuestas por la nueva regulación.

Impacto en los empleados públicos

Desde CSIF Castilla-La Mancha se ha señalado que muchos empleados públicos están siendo afectados por esta decisión, ya que no pueden acceder a la jubilación parcial anticipada debido a las restricciones establecidas por el Real Decreto-Ley. Esta normativa ha interrumpido un proceso que hasta ahora se había llevado a cabo con normalidad entre el personal laboral de las administraciones.

La nueva regulación exige un contrato indefinido y a jornada completa para poder acceder a la jubilación parcial, lo cual solo puede lograrse mediante un proceso selectivo público. Esta exigencia ha dejado a muchos trabajadores sin opciones viables para jubilarse anticipadamente.

Reacciones y propuestas del sindicato

Ante esta problemática, CSIF ha manifestado su intención de presentar enmiendas al Proyecto de Ley derivado del Real Decreto Ley 11/2024. El sindicato también está comprometido en su lucha para asegurar que el derecho a la jubilación parcial anticipada sea una realidad tanto para el personal funcionario como para el estatutario.

A pesar de las dificultades actuales, CSIF continúa trabajando para revertir esta situación y garantizar que todos los empleados públicos tengan acceso a sus derechos laborales fundamentales.