La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, ha defendido hoy el voto favorable al informe del Parlamento al Proyecto de Ley (PL) de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que recoge la exclusión de Canarias de la tributación mínima del 15% del impuesto de Sociedades gracias al acuerdo alcanzado, en el Congreso de los Diputados, por NC con el Gobierno estatal para respetar el Régimen Económico y Fiscal (REF) respecto a este diferencial fiscal.
Durante el debate sobre el informe a emitir, Esther González ratificó que, desde NC, “entendemos que la política está para resolver los problemas, no para mantener posicionamientos partidistas estériles, que en nada benefician a los canarios y a las canarias”.
Tras reiterar que Nueva Canarias comparte que las grandes empresas transnacionales paguen impuestos porque, como enfatizó. “¡basta ya! de fomentar la evasión fiscal de las más poderosas!, la portavoz económica subrayó que, con respecto a la tributación mínima del 15% en el impuesto de Sociedades, Canarias “debe estar exceptuada”.
De no producirse, advirtió, afectaría a la Reserva de Inversiones (RIC), a la Deducción por Inversiones, a las bonificaciones y a la Zona Especial Canaria (ZEC), “en definitiva, afectaría a nuestro Régimen Económico y Fiscal”.
En el proyecto de ley inicial, tal y como precisó, “estaba así contemplado, desde el primer momento”. Pero, como explicó, “con algún error técnico que mi formación política, que NC, corrigió a través de una enmienda” del diputado Pedro Quevedo. “Resuelto este problema, el REF queda salvaguardado”, destacó.
Con estos argumentos, Esther González justificó el voto favorable del grupo canarista progresista al informe del Parlamento “en lo que hemos podido identificar como modificación que afecte” al REF.
Momento que aprovechó además para recordar la importancia del artículo 167 del Estatuto de Autonomía de 2018. “Algo que no es baladí”, aseguró. González recordó que, hasta la aprobación de la última reforma estatutaria, la regulación existente era la disposición adicional tercera de la Constitución, como en la actualidad, y el artículo 46.3 del anterior Estatuto. A diferencia del Estatuto en vigor, “dijéramos lo que dijéramos desde Canarias, el REF podía modificarse”, cuestionó.
“Ahora ya no es así o, por lo menos, ya no es así del todo”, tal y como señaló. El Estatuto en vigor establece un mecanismo de bilateralidad entre los poderes del Estado y Canarias para negociar las discrepancias, “pudiendo incluso llegar a instar la modificación de la propuesta de texto normativo que se pretenda aprobar”, remarcó la diputada nacionalista.
Aunque es cierto que “no conseguíamos lo que históricamente demandábamos”, que el informe de este Parlamento fuera vinculante, “sí que hemos dado un paso importante, en cuanto a la defensa de nuestros derechos”, destacó Esther González.