Sindicatos

El primer Congreso de Sindicatos de Inquilinas, celebrado este fin de semana en Málaga, ha tenido como resultado la creación de una confederación estatal, que nace con el objetivo de bajar «drásticamente» el precio de los alquileres y con el compromiso de avanzar hacia una huelga general por la vivienda.

El sector de la logística es fundamental para la economía, especialmente con el crecimiento del comercio electrónico, pero enfrenta altos índices de siniestralidad laboral. Los trabajadores se enfrentan a condiciones exigentes y riesgos como trastornos musculoesqueléticos, accidentes por maquinaria, caídas y estrés laboral. La rotación de personal y la precariedad aumentan la vulnerabilidad ante estos peligros. UGT Castilla-La Mancha propone medidas para mejorar la seguridad laboral, incluyendo evaluaciones de riesgos, formación continua y protocolos de actuación claros. Es crucial abordar los riesgos físicos y psicosociales para garantizar un entorno laboral seguro en este sector.

Los sindicatos convocantes, SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, han denunciado que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una Ley “incompleta, parcial e interesada” que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública.

Las organizaciones empresariales y sindicales confían en que el proyecto de Ley de Uso Turístico de la Vivienda, que tramita actualmente el Parlamento, contribuya a solucionar este déficit.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, de CCOO, han asistido al pleno del Congreso donde se votan enmiendas contra la ley de reducción de jornada laboral. Álvarez ha enfatizado que "la reducción del tiempo de trabajo nos incumbe a todas y todos", destacando su impacto positivo en los convenios colectivos y la posibilidad de trabajar menos días al año. Además, ha instado a las fuerzas políticas a no eludir este debate crucial y ha afirmado que los sindicatos continuarán luchando por la aprobación de esta medida. La protesta reunió a unas 5,000 personas en apoyo a esta causa.

El primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración Pública en Canarias ha recibido el respaldo de los sindicatos, tras una reunión convocada por la Consejería de Presidencia. Este plan, que marca un hito en la comunidad autónoma, establece un marco para desarrollar planes sectoriales en áreas como Justicia, Sanidad y Educación. Su objetivo es integrar la prevención de riesgos laborales en la estructura administrativa y mejorar la eficacia de los servicios públicos, garantizando así la seguridad de los empleados públicos. El documento será elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Los sindicatos del ámbito sanitario advierten de que el nuevo Estatuto Marco aún no está listo para ser aprobado. Consideran que el último borrador remitido por Sanidad presenta carencias “irrenunciables” y reclaman un nuevo texto en septiembre que incluya mejoras clave como la revisión salarial, la jornada laboral o la jubilación anticipada.

CSIF ha alertado sobre los graves problemas que ocasionará la supresión de los equipos de formadores en el ámbito judicial, a partir del 27 de julio. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Justicia, pone en riesgo la capacitación de los trabajadores en el uso de nuevos programas informáticos esenciales para la gestión judicial. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios considera irresponsable esta decisión, especialmente en un momento de transformación del sistema judicial. CSIF exige al Ministerio que refuerce la formación y garantice un servicio público eficiente y moderno.

El nuevo marco laboral eleva también un 9% para el subsector de la restauración y en el conjunto de toda la hostelería se beneficiarán más de 76.000 personas, a las que se garantiza el poder adquisitivo.

El pacto recoge también la garantía de paz social y el desarrollo de un proyecto piloto con el Gobierno de Canarias para el estudio de los altos índices de incapacidad temporal en el sector.

La propuesta formulada por la patronal hotelera a los sindicatos plantea la firma de un convenio a tres años, en los que se garantiza también mantener el poder adquisitivo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales, que será remitido ahora a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria.

Alrededor de 2.000 personas se manifestaron en Adeje durante la huelga general de hostelería en Santa Cruz de Tenerife, exigiendo mejores salarios y derechos. Los sindicatos informan un seguimiento del 70%. Se rompieron negociaciones por un preacuerdo salarial, y se impugnaron los servicios mínimos establecidos por el Gobierno.

Ante el rechazo sindical, la patronal recupera su propuesta inicial del 11,5% de aumento hasta 2029, la eliminación de la antigüedad, del complemento de IT y un pago de 500 euros.

Las patronales reiteran su disposición a abordar con la parte sindical subidas salariales vinculadas a la productividad y a la mejora de las condiciones de trabajo.