Inmobiliarias

El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, ha enviado una carta a 541 empresas que gestionan más de 50 viviendas cada una, recordándoles la obligatoriedad de aceptar la prórroga de los contratos de alquiler solicitada por los inquilinos. Esta medida se enmarca dentro del Real Decreto-ley 8/2026 y afecta a contratos que expiren entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Según un informe, el 61% del mercado del alquiler en España está en manos de multiarrendadores. La normativa permite a los inquilinos renovar sus contratos por hasta dos años adicionales, manteniendo las condiciones originales.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas en España, recordándoles la obligación de aceptar la prórroga de los contratos de alquiler solicitada por los inquilinos. Esta medida se establece en el Real Decreto-ley 8/2026, que permite a los arrendatarios renovar sus contratos por dos años adicionales si estos vencen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La comunicación busca asegurar el cumplimiento inmediato de estas normativas en el sector del alquiler, garantizando así derechos para los inquilinos en un contexto económico desafiante.

La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España (Apei) pide facilidades para que los propietarios de viviendas «paradas» las puedan poner en alquiler con seguridad jurídica según su presidente Óscar Martínez.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a los consejeros y consejeras de Consumo en las comunidades autónomas a sancionar a las empresas detrás de los pisos turísticos ilegales. Durante la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo, Bustinduy destacó que el acceso a la vivienda es una preocupación principal para la ciudadanía y que se pueden utilizar competencias de Consumo para proteger este derecho. Se mencionaron acciones recientes contra plataformas como Airbnb por anuncios ilegales y se proporcionó información a gobiernos autonómicos sobre más de 16,000 pisos turísticos detectados en Galicia y Baleares. El ministro también subrayó la necesidad de actuar contra prácticas abusivas en el sector del alquiler.

Las inmobiliarias han anunciado que las medidas puestas en marcha este año por el Gobierno, enfocadas a limitar el precio del alquiler, han reducido la oferta y "estrangulado" la demanda