contencioso administrativo

El Tribunal estima que el instrumento urbanístico es “nulo de pleno derecho”, al tratarse de la adaptación de la normativa a una ley ya derogada.

El acuerdo de Junta de Gobierno se tomó el pasado 22 de febrero a consecuencia de un informe municipal, ratificado por el Tribunal de Contratos, que alertaba de la supuesta irregularidad del pago de un canon por el uso de la red municipal