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Funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-Intervención, la nueva responsable del órgano presupuestario acredita una sólida formación en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.

La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entra en vigor, mejorando las condiciones laborales de los empleados públicos y la calidad de los servicios a la ciudadanía. Publicada en el Boletín Oficial del Estado, forma parte de la estrategia del Gobierno de España para modernizar la administración y fortalecer el sector público como pilar del Estado del Bienestar.

Busca mejorar derechos laborales, reducir temporalidad y regularizar vínculos. Involucra a 7.749 trabajadores, priorizando la perspectiva de género y estableciendo una Comisión Mixta para supervisar su cumplimiento.

La medida regula el procedimiento y las condiciones de reducción de jornada de entre el 25 % y el 75 %.

La parálisis administrativa hunde a las empresas y bloquea miles de viviendas.

El Tribunal Supremo propone juzgar a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor De Aldama por los contratos de mascarillas.

El parque de vehículos históricos en España ha experimentado un notable crecimiento, casi cuadruplicándose en un año gracias al nuevo reglamento de la DGT. En un evento celebrado por la DGT y la FEVA, se destacó que el número de vehículos históricos registrados ha pasado de 48,000 a 175,753 desde la entrada en vigor del Real Decreto 894/2024. Este aumento refleja un creciente interés social por preservar el patrimonio automovilístico nacional. La simplificación de trámites y reducción de costos han sido clave para motivar a los ciudadanos a matricular sus vehículos antiguos. Además, se ha observado una tendencia generalizada en todo el país hacia la conservación de coches familiares heredados, combinando tradición y responsabilidad histórica.

En septiembre, las administraciones públicas y el sector de la sanidad en España perdieron más de 18.000 empleos, según datos de la Seguridad Social. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Gobierno iniciar negociaciones para abordar la precariedad laboral, reforzar las plantillas y establecer un nuevo acuerdo salarial. La temporalidad en estos sectores se mantiene en un 30%, incumpliendo normativas europeas. CSIF advierte que, si no se toman medidas, podría retomar movilizaciones para presionar por cambios necesarios.

El primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración Pública en Canarias ha recibido el respaldo de los sindicatos, tras una reunión convocada por la Consejería de Presidencia. Este plan, que marca un hito en la comunidad autónoma, establece un marco para desarrollar planes sectoriales en áreas como Justicia, Sanidad y Educación. Su objetivo es integrar la prevención de riesgos laborales en la estructura administrativa y mejorar la eficacia de los servicios públicos, garantizando así la seguridad de los empleados públicos. El documento será elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación.

CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige un pacto de Estado contra la corrupción y propone despolitizar la función pública. Las medidas incluyen reducir la libre designación de altos cargos, profesionalizar la administración, implementar protocolos anticorrupción gestionados por empleados públicos y aumentar la transparencia en los procesos administrativos. Además, CSIF aboga por mejorar las condiciones en la administración de Justicia y reforzar la Agencia Tributaria para combatir el fraude fiscal. Estas acciones buscan asegurar una administración basada en el mérito y reducir las prácticas corruptas.

La tasa de absentismo laboral en Canarias es la más alta de España, empatando con el País Vasco. Les siguen Cantabria, con un 8,7%, y Galicia, con un 8,1%. Por el contrario, los niveles más bajos se registraron en Baleares (5,6%), Comunidad de Madrid (6,2%) y Andalucía (6,4%).

La medida estará en vigor desde el 1 de julio al 31 de diciembre para activar un paquete de actuaciones clave que fortalecerán el sistema informático de la Comunidad Autónoma.

La patronal hotelera lamenta la inacción hasta el momento de autoridades competentes y advierte del peligro de inseguridad, así como la posible comisión de delitos contra la salud.

La pobreza invisible que atañe a menores, vivienda, educación y la sanidad, son algunas de las áreas más vulnerables que alejan a la ciudadanía de la equidad social.

La PMcM reclama “una solución inmediata” e insiste en que “los gobiernos, para demostrar su verdadero compromiso, deben empezar por garantizar que cumplen con las reglas que ellos mismos dictan. En el momento actual, en el que la Administración está incrementando su recaudación, no existe justificación para que esta empeore sus plazos de pago y deberían ser las primeras en respetar los tiempos que imponen, dando ejemplo al sector privado”.