“Se afronta un cambio estructural en el planeamiento de las actividades educativas, que se debe abordar con flexibilidad para lograr que la disminución del alumnado sea una oportunidad y no un lastre para el sistema educativo canario”, afirmó la presidenta del Consejo Escolar de Canarias (CEC), Natalia Álvarez, en la presentación del Informe sobre la Realidad Educativa 2026.
El descenso de la natalidad es tan notorio que se estima que entre 2013 y 2023 España ha perdido unos 450.000 menores, una cifra que se espera que alcance el millón para 2037. Por otro lado, el índice de personas que están en situación de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) asciende al 31.2% en Canarias, sobrepasando la media nacional y europea; además de que las Islas tienen uno de los PIB per cápita más bajos del Estado. Mientras tanto, el gasto medio por hogar en actividades educativas como matrículas, actividades extraescolares o cuotas escolares está en aumento, subiendo hasta un 40% entre 2023 y 2024. Estos son algunos de los datos que recoge el Informe sobre la Realidad Educativa 2026, presentado hoy por el Consejo Escolar de Canarias.
En él, se estudia en profundidad la evolución de la educación del Archipiélago en los últimos años y cómo ajustar el sistema educativo a una realidad marcada por el cambio demográfico y la desigualdad social. En este contexto, el informe ofrece un diagnóstico integral que permite anticipar retos y orientar la toma de decisiones hacia un modelo más equitativo, inclusivo y adaptado a la realidad territorial heterogénea de cada isla y municipio.
El CEC recoge datos relacionados con la nueva demografía de las Islas, marcada por la fuerte caída de la natalidad y el envejecimiento de la población, los flujos migratorios, la sobrepoblación de algunos territorios y el despoblamiento de otros, que afectan de manera transversal a la educación.
Además, pone el foco en la tasa AROPE y la pobreza infantil, que limitan enormemente las oportunidades del alumnado en función de la situación socioeconómica de sus familias. Otro de los temas candentes es el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y con Necesidades Educativas Especiales (NEE); así como los ratios docentes-estudiantes, entre otros.
En definitiva, el Estudio traza una hoja de ruta en la que se identifican los principales desafíos que afronta Canarias en materia educativa, junto a un conjunto de propuestas para darles respuesta. El Consejo plantea así un marco de actuación que busca reforzar la equidad, la calidad y la adaptación del sistema a una realidad social en constante transformación.
Un cambio demográfico que redefine el sistema educativo
Uno de los elementos centrales del Informe es la transformación demográfica del Archipiélago. Por un lado, estudia el descenso de la natalidad, compensado en menor medida por los flujos migratorios, que implica una redistribución de los centros y recursos; por otro lado, el reparto desigual de la población en el territorio, que genera zonas altamente pobladas y zonas de estancamiento demográfico.
La disminución de los nacimientos es una problemática nacional. En el caso de Canarias, su crecimiento vegetativo pasa a ser negativo en 2018, como consecuencia de la disminución continuada de los nacimientos desde 2009 y del aumento gradual de las defunciones (Gráfica 1). No obstante, entre 2013 y 2023, la población canaria creció un 5.6%, casi el doble que la media nacional, impulsada principalmente por los movimientos migratorios. Tanto así, que el 1 de enero de 2025 Canarias presentaba un incremento de más de 20.000 personas respecto al año anterior, situando al Archipiélago entre las comunicades con mayor crecimiento demográfico reciente. (Gráfica 2)
A pesar de esto hay menos alumnado en edad escolar, por lo que el CEC insta a un cambio estructural en el planteamiento de las actividades educativas, ya que la caída de la natalidad también trae consigo una reducción del número total de centros de Educación Infantil y Primaria, especialmente en unidades financiadas con fondos públicos. Esto aumenta la dependencia de la iniciativa privada, lo que condiciona tanto la capacidad de expansión de la oferta como su accesibilidad para los hogares con menores recursos.
Ante esta situación, el CEC apuesta por una planificación flexible que permita redistribuir recursos y aprovechar la reducción de alumnado como una oportunidad para mejorar la calidad educativa mediante ratios más bajas y una atención más personalizada.
Los flujos migratorios compensan este descenso de los nacimientos, pero el incremento del alumnado extranjero introduce nuevos retos para el sistema educativo, especialmente en términos lingüísticos, organizativos y de integración social. El informe destaca que la atención a este alumnado debe ir más allá del aprendizaje del idioma, incorporando un enfoque integral que contemple aspectos emocionales, culturales y sociales.
El Consejo Escolar subraya la necesidad de reforzar los programas de apoyo idiomático, mejorar la coordinación entre administraciones y garantizar recursos suficientes para atender a una realidad cada vez más diversa. Asimismo, plantea la importancia de desarrollar planes de acogida integrales y de formar al profesorado en competencias interculturales.
Las dos realidades de Canarias: Zonas tensionadas y zonas despobladas
A estos nuevos retos se deben añadir otros que persisten en las Islas como el de afrontar el reto de la educación en zonas tensionadas y zonas despobladas. Esta doble realidad genera un escenario complejo: mientras algunas zonas experimentan crecimiento y presión sobre los servicios públicos, otras afrontan procesos de despoblación o envejecimiento.
Las dificultades de escolarización en zonas densamente pobladas se deben principalmente al déficit de infraestructuras, que impacta tanto en la oferta de plazas como en la calidad educativa y los servicios disponibles.
Por otro lado, el entorno rural despoblado afronta retos específicos como menor acceso a servicios, dificultades de coordinación y pérdida de atractivo para las familias. Los centros en zonas de estancamiento demográfico se agrupan en Colectivos de Escuelas Rurales (CER), compartiendo recursos y coordinación para garantizar el servicio educativo. Aunque las islas capitalinas concentran más alumnado, el peso proporcional de los CER en La Palma es el más destacado. (Gráfica 3)
A pesar de que la mayoría de los centros son estables, el análisis muestra el cierre progresivo de los más pequeños debido, entre otros factores, a las dificultades de coordinación derivadas de la dependencia de servicios de apoyo. Las propuestas plantean reforzar los servicios y la gestión, así como vincular la escuela rural a estrategias de desarrollo territorial.
Índice AROPE: pobreza, familias y desigualdad educativa
El informe sitúa el foco en las condiciones de vida del alumnado y sus familias, evidenciando que las desigualdades sociales continúan siendo uno de los principales condicionantes del sistema educativo. Para medirlo, se utiliza el indicador AROPE, que calcula el porcentaje de personas que están en situación de pobreza o exclusión social. Canarias presenta una tasa AROPE del 31.2%, un dato superior a la media nacional y europea, con una incidencia especialmente alta en los hogares con menores a cargo (Gráficas 4 y 5). A esto se le suma que Canarias tiene uno de los PIB per cápita más bajos el Estado.
Aunque algunos indicadores muestran una ligera mejora en los últimos años, como la reducción de la baja intensidad de empleo (pasó de 14.5% en 2021-2022 a 10.4% en 2024), el Archipiélago sigue registrando importantes desequilibrios estructurales, con una alta concentración de la riqueza y un mercado laboral marcado por la precariedad. El 10% más rico de la población canaria concentra en torno al 60% de la riqueza, mientras que el 50% con menores recursos apenas acumula entre el 2% y el 4% del total. Estas condiciones repercuten directamente en el rendimiento académico, la estabilidad emocional y las oportunidades educativas del alumnado.
Además, existe una diferencia estructural clara en el perfil socioeconómico del alumnado según la titularidad del centro, ya que los centros privados concentran la mayor proporción de estudiantes con nivel socioeconómico alto (78%), mientras los públicos concentran mayor proporción de niveles bajo y medio (75%).
El Consejo Escolar advierte de que la pobreza infantil continúa siendo uno de los principales retos y plantea la necesidad de reforzar las políticas públicas desde una perspectiva integral. En este sentido, propone priorizar la atención a la infancia en situación de vulnerabilidad, fortalecer los programas de compensación educativa en los centros con mayor complejidad social como PROA+, y garantizar el acceso universal a servicios esenciales como el comedor, el transporte o la acogida temprana.
Asimismo, insiste en la importancia de simplificar los sistemas de becas, mejorar su gestión y reforzar la coordinación entre administraciones para ofrecer respuestas más eficaces que aborden simultáneamente las dimensiones educativa, social y familiar.
De igual manera, propone evitar que las familias tengan que realizar aportaciones económicas a los centros, lo que en muchas ocasiones es debido a su infrafinanciación. Para ello, insiste en aumentar la financiación del sistema educativo del Archipiélago ya que, aunque la inversión creció de media un 4,2% en valores absolutos entre 2023 y 2024, el gasto medio por hogar dedicado a actividades relacionadas (matrículas, cuotas de colegios y actividades extraescolares) aumentó en Canarias un 40% en ese mismo periodo.
A pesar de que Canarias queda por debajo del gasto medio por familia en España, el CEC subraya que la financiación educativa debe entenderse como una inversión estratégica con retorno social y económico, y no como un gasto, y reclama un incremento sostenido de los recursos que permita garantizar la calidad, la equidad y la inclusión del sistema.
Baja intensidad de empleo, un criterio AROPE con alta incidencia en las Islas
La baja intensidad de empleo, que se refiere a hogares donde los adultos en edad laboral (18‐64 años, con algunas exclusiones) trabajaron menos del 20% de su potencial anual, es otro criterio AROPE.
En Canarias se evidencia una relación inversa entre el nivel educativo y el desempleo en la población adulta de Canarias (Gráfica 6). A medida que aumenta el nivel de formación alcanzado, el porcentaje de personas en situación de paro registrado disminuye de forma clara, lo que confirma el papel protector de la educación frente al desempleo en el contexto del mercado laboral canario.
El paro se concentra principalmente entre las personas con niveles bajos de formación (educación primaria o estudios secundarios incompletos), quienes presentan las tasas más elevadas de desempleo. Este colectivo se ve especialmente afectado por la estructura productiva del archipiélago, dominada por sectores intensivos en empleo poco cualificado y con alta temporalidad, lo que genera trayectorias laborales inestables y mayor vulnerabilidad ante las crisis económicas.
Resulta imprescindible reducir el desempleo estructural y avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo y resiliente, ya que la estabilidad y calidad del empleo de las familias condicionan de forma significativa las oportunidades educativas de sus hijos e hijas.
Desde el Consejo Escolar de Canarias se propone que la mejora de manera estructural la conexión entre el sistema educativo y el tejido productivo, reforzando la orientación académico-profesional, y favoreciendo transiciones más eficaces entre educación y empleo que contribuyan a reducir el desempleo estructural, además de fortalecer un modelo económico más resiliente.
Tasas de escolarización consolidadas, excepto en la etapa de 0 a 3 años
El informe destaca que Canarias ha consolidado la escolarización universal en las etapas obligatorias y niveles muy elevados en el segundo ciclo de Educación Infantil, lo que representa un logro estructural del sistema. Sin embargo, persisten déficits importantes en el primer ciclo (0-3 años). Esta carencia tiene implicaciones tanto educativas como sociales, ya que la escolarización temprana se identifica como una de las herramientas más eficaces para prevenir desigualdades y favorecer el desarrollo integral del alumnado.
Los datos reflejan que Canarias presenta una escolarización a los 3 años claramente inferior a la media estatal (Gráfica 7), algo que ya indicaba el último Informe de la Realidad Educativa publicado por el CEC en 2022. La falta histórica de una apuesta decidida por esta etapa ha tenido efectos negativos irreversibles en varias generaciones de niños y niñas, agravando las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Por lo tanto, el reto actual se desplaza hacia la mejora de la calidad de la formación recibida y hacia la ampliación de las oportunidades educativas en etapas no obligatorias. Por ello, el Consejo recalca la importancia de impulsar políticas de conciliación, de organizar los servicios complementarios y compensadores en el ámbito municipal, y de ampliar la red de educación infantil de 0 a 3 años como herramienta clave tanto para favorecer la natalidad como para garantizar la igualdad de oportunidades desde edades tempranas. Destacan también la optimización de las infraestructuras educativas para organizar actividades diversas en horarios no lectivos y días no laborables; con el objetivo de que los centros amplíen su horario de apertura.
Además, sugiere ampliar de forma progresiva la red pública de escuelas infantiles, priorizando los entornos más vulnerables y garantizando la equidad en el acceso, así como reforzar las ayudas a las familias.
Otra de las apuestas más interesantes es la consolidación de una estrategia que mejore la calidad, la accesibilidad y el prestigio de la Formación Profesional, incorporando además medidas específicas para reducir la segregación de género y facilitar la inclusión del alumnado con necesidades específicas; y más teniendo en cuenta que la Formación Profesional continúa su tendencia de crecimiento, especialmente en el Grado Superior, consolidándose como una opción cada vez más relevante en el sistema educativo.
Al mismo tiempo, insiste en la creación de normativas con perspectiva de género, ya que las mujeres presentan (en general) mayores niveles de logro educativo, esta ventaja no se traduce en mejores oportunidades laborales, especialmente en un contexto como el canario donde el nivel formativo global es inferior a la media nacional.
Integración y atención del alumnado con NEAE y NEE
El alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y Necesidades Educativas Especiales (NEE) ha crecido de forma sostenida en Canarias durante la última década, concentrándose principalmente en las islas capitalinas. Este aumento responde tanto a una mejora en la detección como a una mayor complejidad real en las aulas.
La mayoría del alumnado con NEE (73%) está escolarizado en aulas ordinarias, aunque esta inclusión varía según el tipo de necesidad. De los casos de alumnado con trastornos graves de la comunicación y el lenguaje, discapacidades visual y auditiva, trastornos graves de conducta y discapacidad motora están matriculados en aulas ordinarias más del 90%. Sin embargo, las casuísticas más frecuentes, como trastornos del espectro del autismo y discapacidad intelectual conllevan menores porcentajes de escolarización en estas aulas. (Gráfica 8)
El CEC plantea reforzar este enfoque mediante la reducción de ratios en aulas con mayor complejidad, el aumento y estabilidad del profesorado especializado y la mejora de la accesibilidad en los centros. Asimismo, propone una mayor coordinación entre administraciones, la simplificación de la carga burocrática y el refuerzo del acompañamiento a las familias, con el objetivo de garantizar una inclusión real y una atención educativa de calidad.
Coordinación y colaboración para afrontar los nuevos retos
Como colofón a este arduo Informe sobre la Realidad Educativa, el Consejo Escolar de Canarias concluye que, pese a los avances registrados en materias como inversión y escolarización, el sistema educativo de nuestras islas sigue afrontando importantes desafíos. En este contexto, el organismo insiste en la necesidad de reforzar el compromiso y el trabajo conjunto de centros educativos, consejos escolares, administraciones, instituciones y familias, con el fin de avanzar hacia un modelo más equitativo, inclusivo y adaptado a la realidad heterogénea y en constante cambio de Canarias.
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