El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado en el Congreso que presentará su dimisión si la víctima de la supuesta agresión sexual del Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía, José Ángel González, se sintió desprotegida.
“De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré”, ha asegurado el responsable de Interior.
Marlaska sostiene que fue este martes cuando tuvo acceso al contenido de la querella a través del abogado de la víctima, agente de la Policía Nacional. Marlaska ha subrayado que, una vez conocida la información, solicitó la renuncia de González
El ministro ha asegurado que, tras revisar la documentación con la secretaria de Estado de Seguridad y el director general de la Policía, solicitaron la renuncia de González o, en su defecto, proceder a su cese inmediato “por la gravedad de los hechos”.
Marlaska calificó la situación como una “decepción manifiesta” y negó haber encubierto el caso, insistiendo en que ni él ni su departamento tenían conocimiento previo de la querella.
CESE DE UN COMISARIO
El Ministerio del Interior ha acordado, además, relevar de sus funciones al comisario Óscar San Juan, señalado en la querella como presunto responsable de haber intentado coaccionar a la víctima para que no presentara la denuncia, incluso ofreciéndole un traslado laboral. San Juan también está siendo objeto de investigación interna.
La dimisión de González ha desatado una fuerte reacción política. El Partido Popular ha cargado contra el Gobierno y contra la gestión del ministro Marlaska, acusándole de encubrimiento y exigiendo su dimisión, bajo el argumento de que la denuncia se presentó hace más de un mes y que desde entonces debería haberse actuado.
Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta María Jesús Montero ha defendido la actuación del Gobierno y ha acusado a los populares de “doble moral”, trasladando también el debate político a la oposición.
Mientras tanto, el juzgado de Violencia sobre la Mujer que tramita la querella contra el número dos de la Policía Nacional dimitido, ha citado a declarar tanto a la víctima como al acusado para el próximo 17 de marzo, previendo la presentación de pruebas y la continuación de las diligencias judiciales.
CRISIS POLÍTICA
La cúpula policial se enfrenta ahora a una crisis de credibilidad sin precedentes en su historia reciente. Que un alto mando que ocupaba la jefatura operativa de la Policía Nacional se vea obligado a dimitir al quedar imputado por una presunta agresión sexual a una subordinada coloca al Ministerio del Interior y a sus mecanismos de control interno bajo intenso escrutinio público y judicial.
El caso abre además un debate sobre la cultura interna de las fuerzas de seguridad y los mecanismos de protección y denuncia para las víctimas dentro de estructuras tan jerárquicas como las policiales, justo cuando el Gobierno impulsa planes para reforzar la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en los cuerpos del Estado.
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