El comisionado José Ramón Barrera ha expresado su confianza en que Canarias pueda asumir nuevas competencias relacionadas con su Régimen Económico y Fiscal (REF). Durante una reciente intervención, destacó que a nivel autonómico existe “suficiente experiencia y conocimiento” para gestionar los incentivos fiscales propios de la región.
Barrera hizo un llamado a iniciar una agenda de trabajo que permita avanzar en las fórmulas establecidas en el Estatuto, que ya se aplican con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y el Impuesto de Patrimonio. Esta propuesta surge como respuesta a las críticas de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, quienes han calificado como “inviable” el traspaso de competencias.
Defensa de la capacidad autonómica
En su defensa, Barrera subrayó que “la Agencia Tributaria Canaria tiene experiencia y conocimiento suficientes”, argumentando que negar esta capacidad ignora ejemplos exitosos de transferencia de competencias en áreas como Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Además, precisó que la propuesta enviada al Ministerio de Política Territorial busca establecer un proceso técnico ordenado para definir mecanismos de cooperación.
“La iniciativa canaria no altera la unidad del sistema tributario ni busca restar ingresos al Estado. Se trata de gestionar lo que es nuestro y hacer que el REF responda a las necesidades específicas de nuestra región”, afirmó el comisionado.
Críticas y analogías válidas
Respecto a las críticas sobre su comparación entre la gestión del IGIC y los futuros incentivos del fuero canario, Barrera sostuvo que dicha analogía es “perfectamente válida”. Aseguró que la comunidad autónoma ha demostrado éxito en la gestión, recaudación e inspección de este tributo estatal, así como en otros impuestos como el Patrimonio.
Asimismo, mencionó algunas dificultades observadas en la gestión centralizada de los incentivos fiscales, tales como retrasos en respuestas a consultas y demoras en devoluciones relacionadas con incentivos audiovisuales. “Canarias podría ofrecer mayor rapidez y una gestión ajustada a las necesidades del archipiélago”, enfatizó Barrera.
Seguridad jurídica y evaluación objetiva
A pesar de reconocer ciertas dificultades técnicas para delegar los incentivos del REF sobre impuestos estatales, como el impuesto sobre sociedades, defendió que no existen impedimentos para que “Canarias gestione su propio fuero”. En cuanto a las advertencias sobre riesgos potenciales para la seguridad jurídica y la continuidad del REF ante la Unión Europea, Barrera insistió en que el respeto a la normativa comunitaria es “esencial e incuestionable”.
Recordó también que los mecanismos actuales de evaluación podrían mantenerse incluso en un escenario de gestión compartida. “Cualquier avance en la gestión del REF debe preservar las garantías de control, transparencia y coherencia con el derecho europeo”, concluyó.
Importancia del diálogo técnico
Barrera resaltó la necesidad de reforzar la evaluación objetiva del impacto del régimen fiscal en la economía local. Criticó una encuesta puesta en marcha por la Administración estatal en Canarias por no haber contado con la participación local durante su diseño ni ejecución. Según él, esto afecta negativamente al análisis técnico necesario para evaluar variables clave como la creación de empleo vinculada a los incentivos fiscales.
Finalmente, subrayó que acceder a ciertos datos empresariales relacionados con los incentivos REF es complicado debido a restricciones impuestas por la Agencia Tributaria. Propuso avanzar hacia fórmulas que permitan un tratamiento estadístico anonimizado respetando siempre la legalidad vigente. “Si nuestro objetivo común es reforzar la seguridad jurídica y garantizar una correcta aplicación del REF, debemos apostar por más datos, más coordinación institucional y un diálogo técnico constructivo”, concluyó Barrera.
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