Las denuncias de acoso laboral y sexual han cobrado protagonismo en los últimos tiempos, reflejadas tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Sin embargo, la realidad es que los mecanismos de denuncia, ya sean internos o externos, a menudo no cumplen con las expectativas. Esto se debe a que fallan en proteger a quienes se atreven a hablar. Muchas víctimas optan por el silencio debido al temor a represalias, que pueden culminar en despidos. En este contexto, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, busca ofrecer una protección especial a aquellos que informen sobre irregularidades dentro de sus organizaciones.
Un caso reciente que ilustra esta problemática es el de Acciona Servicios Urbanos SL, parte del Grupo Acciona, que ha sido objeto de atención mediática tras despedir a un empleado que denunció corrupción interna relacionada con la adjudicación de contratos públicos. La sentencia del juzgado de lo social n.º 11 de Sevilla, emitida el 14 de mayo de 2024, declaró nulo el despido por vulneración del derecho fundamental a la indemnidad. El trabajador había denunciado prácticas fraudulentas mediante un canal interno y utilizando un pseudónimo para proteger su identidad. Aunque la sentencia no es firme y está pendiente de recurso ante el TSJA, subraya la importancia de garantizar la protección a los denunciantes.
Consecuencias económicas y administrativas
En ocasiones, las empresas no solo desoyen las denuncias sino que agravan la situación, como se evidenció en el caso STSJ La Rioja 98/2025 del 26 de junio, donde los costos económicos aumentaron drásticamente tras la falta de acción correctiva por parte de la empresa implicada. A pesar del impacto financiero significativo —que pasó de 25.000 euros a más de 100.000—, el efecto disuasorio sigue siendo insuficiente.
Aún más preocupante es el hecho de que algunos denunciantes continúan enfrentando represalias incluso después de haber realizado su denuncia. Un directivo del Grupo ACCIONA ha sido reportado sufriendo consecuencias adversas tras señalar actos corruptos dentro de su organización, lo cual pone en evidencia las deficiencias en la protección actual para quienes se atreven a hablar. Ante esta situación, el Gobierno ha iniciado una consulta pública previa para elaborar un Anteproyecto de Ley para mejorar la tutela laboral, especialmente contra riesgos asociados al despido para denunciantes.
La necesidad de pruebas y responsabilidad empresarial
No obstante, es crucial aclarar que no todas las denuncias son válidas. Los tribunales han enfatizado este punto en diversas ocasiones; un ejemplo reciente es el caso STS social IC/Santa Cruz de Tenerife 668/2025 del 19 de septiembre. Aquí, un jefe logístico fue despedido por causas disciplinarias relacionadas con compras indebidas. Su defensa alegó represalias por haber denunciado acoso laboral por parte de la directora de recursos humanos, pero la sala consideró que no había pruebas suficientes para respaldar su alegato.
El tribunal determinó que el trabajador presentó su solicitud para activar el protocolo contra el acoso solo después de haber sido informado sobre su investigación disciplinaria, lo cual fue interpretado como una estrategia para evadir responsabilidades. Además, no se encontraron testigos ni pruebas concretas del acoso alegado; únicamente se presentó un informe médico sin suficiente credibilidad probatoria.
Cuidado con las generalizaciones
Aunque existen casos donde las denuncias son infundadas o malinterpretadas —como ocurre con situaciones psicosociales tóxicas que pueden ser confundidas con acoso— también hay realidades preocupantes que requieren atención urgente. Por ejemplo, un estudio sobre el Conservatorio Superior de Música de Pamplona reveló altos niveles de violencia psíquica entre su profesorado; sin embargo, esto no siempre se clasifica correctamente como acoso.
Por lo tanto, es esencial mantener una postura equilibrada ante estas denuncias: ni trivializarlas ni ignorarlas puede resultar perjudicial. La existencia constante del riesgo psicosocial debe ser reconocida tanto en entornos privados como públicos; así lo indican sentencias recientes y estudios realizados en diversas instituciones.
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