El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer recientemente los datos sobre la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas correspondientes a 2025. Según la información publicada, el déficit del Estado al cierre de octubre se sitúa en 1,34% del PIB, lo que representa una disminución del 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Además, el Ministerio ha compartido cifras sobre el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social para agosto, que se ubica en 1,12% del PIB. Si se excluye el impacto de la DANA, que asciende a 4.050 millones de euros, el déficit caería a 0,88%, mostrando así una notable reducción respecto al 1,53%% registrado en 2024. En total, el déficit acumulado se cifra en 14.767 millones, un descenso del 39,3% respecto al año pasado.
Détalle del déficit estatal hasta octubre
A lo largo de los diez primeros meses de 2025, el déficit estatal ha alcanzado los 22.582 millones de euros, lo que equivale al 1,34%% del PIB y representa un descenso del 17%% frente al mismo periodo de 2024.
Este resultado está influenciado por la liquidación definitiva del ejercicio 2023 relacionada con el sistema de financiación de las comunidades autónomas y entidades locales, que ha generado un mayor déficit de 13.627 millones.
A partir de esta cifra de déficit y descontando los intereses, se obtiene un saldo primario positivo. A finales de octubre de 2025, este saldo primario se registra en 6.594 millones, equivalente al 0,39%% del PIB.
Análisis de recursos no financieros
Los recursos no financieros del Estado han alcanzado los 260.206 millones, lo que implica un incremento del 8,6%% respecto al año anterior. Los impuestos constituyen alrededor del 83%% del total y suman 217.206 millones, con un crecimiento del 9,8%% en comparación con octubre de 2024.
Dentro de estos ingresos fiscales, los impuestos sobre la producción y las importaciones han crecido un 7,9%% hasta alcanzar los 113.873 millones. De esta cifra, los ingresos por IVA representan 86.515 millones, lo que significa un aumento del 9,6%% respecto al año anterior.
A su vez, los impuestos corrientes sobre la renta y patrimonio han llegado a los 103.194 millones, marcando un incremento del 12%% en comparación con el mismo periodo de 2024. El IRPF ha aportado 51.045 millones, con un crecimiento significativo del 17,3%%.
Estructura del gasto público hasta octubre
No obstante, también es relevante considerar los empleos no financieros del Estado. Las transferencias entre Administraciones Públicas son la partida más significativa y representan el 62,8% de todos los gastos no financieros.
A finales de octubre se han contabilizado transferencias por valor total de 177.714 millones de euros , lo que supone un aumento interanual del 4,8 %. La Administración Regional ha recibido 97.858 millones, mientras que los Fondos de la Seguridad Social han obtenido 41.597 millones, superando en 5.510 millones la cifra correspondiente a 2024.
Pese a estos incrementos en transferencias y gastos sociales distintos a las transferencias sociales han aumentado hasta 4.350 millones, destacando así una tendencia hacia mayores desembolsos en pensiones y asistencia social.
Situación financiera hasta septiembre para otras administraciones
A nivel más amplio, hasta septiembre de 2025 el déficit conjunto de la Administración Central y las Comunidades Autónomas se sitúa en 18 .817 millones, equivalente al 1,12 % del PIB . Sin embargo , si se excluye el impacto negativo derivado por la DANA , este déficit baja notablemente a 14.767 millones de euros, representando una caída significativa.
A nivel regional, las Administraciones Autónomas reportan superávits significativos , con ingresos crecientes gracias a un aumento generalizado en sus recursos fiscales . Esto refleja una tendencia positiva en cuanto a la salud financiera pública dentro de diversas administraciones.
A medida que avanza el año fiscal 2025 , se observan cambios importantes tanto en ingresos como en gastos públicos , lo cual podría tener implicaciones significativas para futuras políticas económicas y fiscales implementadas por el Gobierno español.
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