Tras seis intensas sesiones, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha declarado este jueves el juicio a Álvaro García Ortiz visto para sentencia. Se cierra así una vista oral inédita en la actual etapa democrática, en la que la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general, ha reiterado que su actuación se ha movido siempre en el marco de la “dinámica institucional, legal y legítima” de ofrecer información veraz frente a bulos.
Durante su exposición final, la defensa ha insistido en que la única filtración debidamente acreditada en la causa es la del correo del fiscal de delitos económicos Julián Salto, enviado al abogado de Alberto González Amador, que fue reenviado a su cliente y de este al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para su distribución entre periodistas. Según la defensa, es “razonable pensar que Miguel Ángel Rodríguez también tenía el correo de 2 de febrero, igual que el del 12 de marzo”.
La Abogacía ha planteado posibles dudas razonables ante el tribunal, con el objetivo de buscar la absolución. Ha subrayado que no existe prueba de que García Ortiz hubiera distribuido el correo donde se reconocían dos delitos fiscales y que se han manipulado supuestos indicios para generar sospechas en su contra. Entre estos, se ha señalado el cierre de su cuenta de Gmail, que se produjo tras recibir amenazas luego de filtrarse un informe de la UCO que incluía la dirección de correo.
La defensa ha cuestionado además la credibilidad de la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, señalando que su declaración sobre una supuesta conversación telefónica con García Ortiz fue inconsistente y que sus versiones han variado en distintas fases del procedimiento. Asimismo, ha rechazado la línea de investigación que vinculaba la filtración con La Moncloa, descartada por la Sala de Apelaciones por falta de acreditación.
DECLINA SU DERECHO A LA ÚLTIMA PALABRA
García Ortiz no ha hecho uso de su derecho a la última palabra. La defensa ha recalcado que “el fiscal general del Estado es inocente” y que “se ha criminalizado una actividad institucional”. Según la Abogacía, los hechos imputados carecen de base probatoria y son atípicos.
Por otra parte, la Abogacía ha defendido la veracidad de los testimonios de los periodistas que aseguraron haber tenido acceso al correo filtrado antes de que le llegara a García Ortiz, subrayando que no se puede cuestionar su credibilidad por razones editoriales o políticas. Además, ha argumentado que la difusión del correo por parte de González Amador a su jefe de gabinete y a periodistas supuso que la información dejara de ser secreta, eliminando el carácter confidencial de los hechos.
En su exposición final, la defensa ha reiterado la existencia de un “juicio paralelo basado en conjeturas” y un contexto mediático excepcional que, en ocasiones, ha desbordado el debate jurídico, generando un entorno adverso para la presunción de inocencia del fiscal general.
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