El Supremo descarta que el fiscal general actuara por órdenes del Gobierno en el caso González Amador. Pese a ello, mantiene la acusación por un presunto delito de revelación de secretos, lo que llevará a García Ortiz a juicio.
El Tribunal Supremo ha confirmado este martes el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, al considerar que existen indicios suficientes de que filtró información confidencial sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el alto tribunal ha corregido al juez instructor y ha descartado que esté acreditado que García Ortiz actuara por indicaciones de la Presidencia del Gobierno.
La Sala de Apelación avala así la decisión del magistrado Ángel Hurtado de continuar el procedimiento penal contra el jefe del Ministerio Público, pero se desmarca expresamente de una de las afirmaciones clave del instructor: que la actuación de García Ortiz se produjo “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”.
“Esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible”, señala la Sala en su auto, donde desestima los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa del fiscal general.
No obstante, los magistrados aclaran que esta corrección no afecta al fondo del procedimiento, ni al hecho de que se mantenga el procesamiento. Añaden que el “reproche formulado” sobre la supuesta implicación de Moncloa “carece de relevancia alguna”, ya que el proceso penal no se dirige contra ninguna persona vinculada a dicha institución.
FILTRACIÓN ANTES DE QUE SE HICIERA PÚBLICA
El origen del caso está en la difusión, desde la Fiscalía General del Estado, de un correo interno fechado el 2 de febrero de 2024, relativo a las negociaciones entre González Amador y la Agencia Tributaria para evitar un juicio penal por fraude fiscal. Según el juez instructor, la difusión de ese correo fue inmediata y se produjo antes de que hubiera trascendido por otros medios, lo que situó el foco en posibles indicaciones políticas.
El magistrado apuntó en su día que desde la Fiscalía se envió copia del correo a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, actual vicesecretaria general del PSOE de Madrid, en un contexto de alta tensión política por las informaciones que afectaban a la pareja de Díaz Ayuso.
Pese a estos elementos, la Sala de Apelación no ve acreditado que hubiera una orden directa desde la Presidencia del Gobierno y limita la responsabilidad penal exclusivamente al fiscal general del Estado, que ahora deberá afrontar juicio por un posible uso indebido de información confidencial.
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