ALA reclama al Gobierno el pago de al menos 300 millones de euros pendientes por los adelantos realizados por las compañías y advierte de que la falta de liquidez podría traducirse en menos rutas y peores precios para los residentes.
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha advertido al Gobierno que todavía debe al menos 300 millones de euros adicionales a las aerolíneas por los adelantos realizados para cubrir las subvenciones a los residentes en 2025. La patronal del sector aéreo, que agrupa al 85 por ciento del tráfico en España, ha celebrado los 350 millones anunciados por el Ministerio de Transportes, pero recalca que la cifra es insuficiente para cubrir el coste real del programa.
La asociación, presidida por Javier Gándara, ha pedido al Ejecutivo que abone de inmediato las cantidades pendientes para evitar un nuevo cuello de botella financiero como el del año pasado y garantizar la conectividad aérea de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. “La cuantía aprobada es un parche. La bola de nieve cada vez es mayor y si no se abona el importe pendiente, el problema se trasladará a 2026”, ha afirmado Gándara.
Según los cálculos de ALA, el coste real de las subvenciones a residentes en 2025 asciende a unos 1.200 millones de euros, mientras que los Presupuestos Generales del Estado —todavía prorrogados desde 2023— solo contemplan 560 millones. Con la ampliación de crédito de 350 millones aprobada por el Gobierno, seguirían faltando al menos 300 millones.
POSIBILIDAD DE REDUCIR FRECUENCIAS O RUTAS
La consecuencia, advierte ALA, no es solo contable. Si las aerolíneas tienen que seguir asumiendo el adelanto de las bonificaciones sin cobrar las liquidaciones a tiempo, podrían reducir frecuencias o rutas en los próximos meses, lo que impactaría directamente en los precios de los billetes y en la movilidad de los residentes.
“Esta situación afecta de forma directa a los ciudadanos de Baleares y Canarias”, denuncian desde la asociación. “Las compañías están financiando de su bolsillo un sistema que debería sostener el Estado. Si el dinero no llega, la conectividad y la competencia se resienten, y los precios pueden acabar subiendo para todos”.
Gándara recuerda que las aerolíneas actúan únicamente como entidades colaboradoras de la Administración, aplicando un descuento que alcanza hasta el 75 por ciento a los residentes en el momento de la compra y liquidando después con la Dirección General de Aviación Civil el importe correspondiente. “El problema —añade— no es el sistema de bonificación, sino la falta de dotación presupuestaria y la lentitud en los pagos”.
DEUDA ATRASADA DESDE 2024
ALA subraya que esta deuda estructural se arrastra desde 2024, cuando el Estado debía más de 800 millones a las aerolíneas por este concepto. Aquella situación llevó incluso al PSOE a introducir una enmienda de urgencia en la Ley de Navegación Aérea para habilitar 319 millones y “tapar” los impagos del ejercicio anterior.
A día de hoy, ALA insiste en que si los 300 millones pendientes no se abonan antes de final de año, el escenario podría repetirse en 2026, afectando de nuevo al transporte aéreo de las islas y a la estabilidad del sistema de subvenciones que garantiza que los residentes puedan volar en igualdad de condiciones con el resto del país.
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