El Gobierno ha asignado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la responsabilidad de crear un registro que ofrezca transparencia sobre los medios de comunicación en España, incluyendo detalles sobre su propiedad y las inversiones publicitarias que reciben. Esta iniciativa, según el Gobierno, busca garantizar la independencia de los medios y regular el reparto de la publicidad institucional bajo criterios de proporcionalidad.
La medida plantea una reforma de la Ley de Publicidad Institucional, con el objetivo de
aumentar la transparencia en la asignación de fondos públicos a los medios de comunicación. El nuevo registro permitirá que se conozca
qué empresas son propietarias de los medios y cuánta publicidad reciben del Estado, lo que ayudará a identificar posibles
conflictos de interés y a promover un mercado de medios más equilibrado.
Otra novedad es que el Gobierno también pretende proteger a los periodistas de lo que denomina "demandas abusivas" o "SLAPP" (siglas en inglés para Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública), con el objetivo de blindar la libertad de prensa y evitar la censura o intimidación judicial hacia los profesionales de la información.
Esta medida forma parte de un plan más amplio que incluye el fomento de los medios que operan en lenguas cooficiales, como el catalán, euskera y gallego. El Gobierno aplicará una discriminación positiva hacia estos medios, con el fin de apoyar la diversidad lingüística en el espacio mediático español.
Este nuevo enfoque busca un mayor control sobre los flujos de dinero público hacia los medios, asegurando que la distribución sea más justa y esté menos sujeta a influencias políticas o empresariales. La CNMC, encargada de supervisar varios sectores estratégicos en el país, ahora tendrá también la tarea de monitorizar el sector de los medios de comunicación, lo que podría modificar las dinámicas existentes en el panorama informativo en España.
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