La medida exige el cese de la represión en Venezuela y apoyo a la oposición en su lucha por la democracia.
Una proposición no de ley del PP ha sido aprobada por el Pleno del Congreso, instando al Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia "como el legítimo ganador" de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio en Venezuela y, en consecuencia, como "presidente electo y legítimo" del país.
Con el respaldo del PP, Vox, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, el mandato ha avanzado, mientras que el PSOE, Sumar y los habituales aliados del Gobierno han votado en contra. Por otro lado, Junts no estuvo presente en la votación ya que sus diputados se ausentaron del Congreso para participar en las movilizaciones por la Diada. Además, el exministro socialista José Luis Ábalos decidió abstenerse, distanciándose así de su antiguo partido.
El texto que ha sido aprobado indica que este "reconocimiento se fundamenta en la continua negativa de las autoridades electorales en Venezuela para publicar los resultados de manera oportuna y adecuada, así como en la divulgación por parte de la oposición del 83.5 % de las actas verificables que evidencian un resultado electoral claro, además de los pronunciamientos oficiales de organismos internacionales como el Centro Carter, Naciones Unidas y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, originario de España".
El Congreso no solo exige que Edmundo González sea reconocido como presidente "legítimo", sino que también insta al Ejecutivo a liderar este reconocimiento en las instituciones europeas y en foros internacionales, con el fin de garantizar que asuma la presidencia de Venezuela el 10 de enero de 2025.
Se exige al régimen de Maduro el cese "inmediato" de la represión contra las protestas pacíficas y la liberación de todos los presos políticos.
UNA DEMOCRACIA PARA VENEZUELA
La Cámara Baja también hace un llamado a fortalecer las medidas de seguridad personal para los líderes de la oposición, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, debido a las "amenazas por su lucha en defensa de la democracia" en Venezuela. Además, se solicita que se les apoye como los "únicos interlocutores legítimos" en las negociaciones para la transición democrática.
A nivel internacional, se exige al Gobierno que tome la delantera en iniciativas que aseguren el respeto por el voto de los venezolanos y que dé comienzo a un proceso de transición hacia un sistema de derechos y libertades, fundamentado en el reconocimiento de los resultados del 28 de julio.
Se solicita que se promueva ante la Unión Europea la reimposición de las sanciones a los líderes del régimen de Maduro, las cuales fueron levantadas antes de las elecciones como un gesto de "buena voluntad" que resulta "presunto y a todas luces inútil". Además, se pide que estas sanciones se amplíen, enfocándose especialmente en los intereses económicos de los "colaboradores de la dictadura".
En los dos últimos puntos del texto, el Congreso solicita, en primer lugar, que la dirección del Centro Carter comparezca ante él para detallar las conclusiones de sus informes sobre las elecciones en Venezuela. En segundo lugar, se pide apoyo para todas las iniciativas de las fuerzas democráticas venezolanas, especialmente aquellas orientadas a mantener activa la movilización en defensa del resultado electoral.
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