Sanciones

El consejero del área, Manuel Miranda, recuerda que las viviendas modulares deben cumplir los mismos requisitos que las tradicionales y solo pueden ubicarse en suelo urbano.

El Gobierno de España ha enviado al Congreso un proyecto de ley destinado a sancionar el incumplimiento de las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea. Esta legislación busca permitir que España actúe contra personas, entidades o países ajenos a la UE que no respeten estas normativas, alineándose con los objetivos de política exterior y seguridad común de la UE. La propuesta incluye reformas al Código Penal para tipificar como delito el incumplimiento de estas medidas y establece un sistema de coordinación entre autoridades nacionales. Con esta iniciativa, España refuerza su compromiso con el papel activo de la UE en el ámbito internacional.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado las sanciones impuestas por el Ministerio de Derechos Sociales a siete empresas por realizar falsas rebajas durante el Black Friday. Estas compañías subieron los precios antes del evento para luego ofrecer descuentos engañosos, violando la normativa sobre precios. Tres de las empresas admitieron sus prácticas, mientras que cuatro presentaron recursos. El tribunal ha rechazado las medidas cautelares solicitadas y ha ordenado a la empresa sancionada depositar un aval de 110.000 euros. Esta decisión refuerza la protección al consumidor ante abusos en promociones comerciales.

El implicado realizaba esta actividad sin contar con la autorización necesaria, conducía un vehículo con la ITV caducada y portaba droga para consumo propio.

La legalidad del juego y los casinos en las Islas Canarias está regulada por normas específicas que buscan garantizar la protección de menores y evitar la concentración excesiva de establecimientos.

Desde el Grupo Socialista instan a la consejera de Turismo a que paralice todos los expedientes y que revise de oficio aquellos por los que se sancionaron a decenas de propietarios “de forma injusta”.

El plazo para presentar la declaración de la renta de 2024 termina este lunes para todos los contribuyentes y todos los canales -internet, teléfono y presencial en oficinas-, según el calendario disponible en la página web de la Agencia Tributaria.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a los consejeros y consejeras de Consumo en las comunidades autónomas a sancionar a las empresas detrás de los pisos turísticos ilegales. Durante la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo, Bustinduy destacó que el acceso a la vivienda es una preocupación principal para la ciudadanía y que se pueden utilizar competencias de Consumo para proteger este derecho. Se mencionaron acciones recientes contra plataformas como Airbnb por anuncios ilegales y se proporcionó información a gobiernos autonómicos sobre más de 16,000 pisos turísticos detectados en Galicia y Baleares. El ministro también subrayó la necesidad de actuar contra prácticas abusivas en el sector del alquiler.

El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Santana, denuncia que la “incompetencia” de la consejera de Empleo “no sólo vulneró los derechos fundamentarles, sino que ahora pone en riesgo de los derechos laborales de las personas trabajadoras por ejercer su derecho a la huelga”.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya que el nuevo decreto es una medida de respiro, no de castigo para las familias que residen en zonas turísticas.

“Este Decreto lo ha hecho haciendo oídos sordos a las personas afectadas, les anuncia suspensión de sanciones por residir en apartamentos turísticos, pero les obliga para ello a reconocer que viven de forma ilegal en sus viviendas y a renunciar a todo, incluso a su dignidad”

Las sanciones por infracciones sobre el territorio pasan de 60 a 300 euros en el caso de las leves, y las muy graves duplican su cuantía hasta los 600.000 euros

El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que busca fortalecer la gobernanza democrática en los servicios digitales y establecer un registro de medios de comunicación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de coordinar estos servicios, con nuevas competencias para supervisar y sancionar infracciones graves, que pueden llegar hasta el 6% del volumen de negocio anual. Además, se creará un registro público estatal donde los medios deberán declarar su estructura de propiedad y financiación, promoviendo así la transparencia en el sector. Esta normativa adapta el marco legal español a las regulaciones europeas sobre servicios digitales y libertad de medios, asegurando un entorno digital más seguro y justo para los consumidores.

Las sanciones por incumplir la normativa serán de 200 euros, una cuantía que se podrá incrementar hasta un 30% en caso de reincidencia