Sanciones

“Este Decreto lo ha hecho haciendo oídos sordos a las personas afectadas, les anuncia suspensión de sanciones por residir en apartamentos turísticos, pero les obliga para ello a reconocer que viven de forma ilegal en sus viviendas y a renunciar a todo, incluso a su dignidad”

Las sanciones por infracciones sobre el territorio pasan de 60 a 300 euros en el caso de las leves, y las muy graves duplican su cuantía hasta los 600.000 euros

El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que busca fortalecer la gobernanza democrática en los servicios digitales y establecer un registro de medios de comunicación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de coordinar estos servicios, con nuevas competencias para supervisar y sancionar infracciones graves, que pueden llegar hasta el 6% del volumen de negocio anual. Además, se creará un registro público estatal donde los medios deberán declarar su estructura de propiedad y financiación, promoviendo así la transparencia en el sector. Esta normativa adapta el marco legal español a las regulaciones europeas sobre servicios digitales y libertad de medios, asegurando un entorno digital más seguro y justo para los consumidores.

Las sanciones por incumplir la normativa serán de 200 euros, una cuantía que se podrá incrementar hasta un 30% en caso de reincidencia

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha recibido el respaldo del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) por las sanciones impuestas a cinco aerolíneas low cost, que suman casi 179 millones de euros, por prácticas abusivas hacia los consumidores. Durante una reunión, Bustinduy destacó que "ninguna empresa, por poderosa que sea, puede saltarse la ley", en respuesta a las críticas del CEO de Ryanair. El CCU instó a mantener la firmeza en la defensa de los derechos de los consumidores y rechazó cualquier presión o amenaza relacionada con las sanciones. Esta acción se considera un paso crucial para asegurar un mercado justo y competitivo en el sector aéreo.

Las actuaciones han dado lugar a la apertura de 146 expedientes policiales que han posibilitado la identificación y denuncia de un total de 201 personas propuestas para sanción que pueden acarrear multas de entre 2.001 y 100.000 euros

Estos resultados se enmarcan en la colaboración de la Policía Local con la campaña promovida por la Dirección General de Tráfico en el período navideño.

El Ministerio de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra Airbnb por mantener miles de anuncios de pisos turísticos que incumplen la normativa vigente en España.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha publicado las Órdenes ministeriales que ratifican sanciones por un total de 179 millones de euros a cinco aerolíneas low cost: Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea. Estas sanciones se deben a prácticas abusivas como el cobro por el equipaje de mano y la selección de asientos para menores y personas dependientes. Las infracciones incluyen no permitir el pago en metálico y omitir información clara sobre precios. Esta es la primera vez que se publican resoluciones de este tipo en España, siguiendo la jurisprudencia de la Unión Europea sobre derechos de los consumidores.

Hasta 2,3 millones de euros de multa “por viaje”, esta es la advertencia que la Comisión Federal Marítima de EE.UU ha lanzado a España ante la presunta negativa de que cargueros estadounidenses hagan escala en nuestro país si portan armas para Israel.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha informado de que emprenderá acciones legales contra el Real Decreto sobre el Registro de Viajeros, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de diciembre, debido "a la falta de respuestas por parte del Gobierno" y al impacto negativo que esta normativa tendrá sobre el sector hotelero y los propios viajeros.

Han sido sancionadas por el Ministerio de Consumo por prácticas abusivas como imponer suplementos por el equipaje de mano o la reserva de asientos contiguos para acompañar a personas con dependencia. Además, las sanciones incluyen la prohibición explícita de seguir llevando a cabo las prácticas que han sido penalizadas.

El PSOE de Canarias rechaza las acusaciones del consejero Mariano Hernández Zapata sobre el anterior Gobierno, argumentando que él permitió la prescripción de sanciones a eléctricas.

El Gobierno de Canarias deberá devolver 49,66 millones de euros a las compañías eléctricas por sanciones relacionadas con ceros energéticos desde 2018, debido a una tramitación inadecuada.

La realización de pesca submarina en zonas no habilitadas, falta de licencias o el uso del bichero son algunas de las infracciones detectadas