Critica la falta de apoyo y recursos, afirmando que su Ejecutivo tomará decisiones si no hay compromiso. Canarias ha gastado más de 150 millones en competencias ajenas.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha declarado que su Ejecutivo iniciará un "proceso jurídico contra el Estado" debido al "abandono" que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la situación migratoria en las islas.
En una entrevista concedida a la Radio Canaria, ha afirmado que "Canarias tomará decisiones" y que "si no hay lealtad y compromiso, el Gobierno de Canarias va a ponerse en su sitio".
"Un debate jurídico sobre este asunto se llevará a cabo con el Gobierno de España. No es aceptable que la emergencia se normalice", ha declarado el presidente durante una entrevista en el programa 'De la noche al día', conducido por Miguel Ángel Daswani.
El consejo de Gobierno regional ha sido convocado por el presidente canario para discutir los posibles escenarios legales vinculados a la crisis migratoria, con el fin de establecer posturas y tomar decisiones.
Clavijo opina que, a lo largo de este periodo, Canarias ha actuado de la manera adecuada "atendiendo" tanto a los mayores, a quienes proporciona asistencia sanitaria, como a los menores, sobre los cuales ha tomado la tutela. Sin embargo, ha señalado que esta acción se llevó a cabo en un contexto de emergencia, sugiriendo que su Gobierno podría poner en duda si corresponde a la comunidad autónoma asumir las competencias relacionadas con la tutela de los migrantes que aún no han alcanzado la mayoría de edad.
Canarias ha gastado más de 150 millones de euros en "política migratoria que no es competencia de la comunidad autónoma", según sus cálculos. "Seguimos sin ver un duro, aunque no es el dinero la solución", afirmó, pidiendo que se concrete de inmediato el acuerdo "para que los menores puedan ser ubicados en el resto del territorio nacional" y así permitir que Canarias recupere cierta normalidad en los recursos destinados a la atención de menores, que actualmente superan el 200% de su capacidad.
El Gobierno central ha ejercido "presiones y amenazas" sobre algunas ONG que están brindando asistencia a los menores, asegurando que deben continuar acogiendo a niños a pesar de su saturación, afirmó también.
"Habrá que tomar otras medidas", advirtió, si no se llega a un acuerdo. "Algunas personas confunden la lealtad, la comprensión y el compromiso con el bienestar del menor con debilidad. Y están equivocados", sentenció.
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