NC-BC rechaza supresión de juzgados especializados

Carmen Hernández, vicepresidenta de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y portavoz parlamentaria en la materia, ha rechazado la decisión "grave" de suprimir los juzgados de Telde, Arucas y Guía de Violencia sobre la Mujer, exigiendo al Ministerio de Justicia que rectifique. Anunció la dirigente canarista una serie de propuestas en el Parlamento para mantener estos órganos especializados, respaldada por las últimas memorias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que muestran un preocupante aumento en Canarias de la violencia machista. La diputada Natalia Santana recriminó al Gobierno de CC y el PP por no corregir los recortes presupuestarios del 50% respecto al año anterior, señalando que siguen ignorando esta problemática.

"La decisión del ministerio de Félix Bolaños de eliminar estos tres juzgados para centralizar los servicios en Las Palmas de Gran Canaria es considerada 'gravísima' por NC-BC, por lo que rechazamos con rotundidad esta medida", expresó la organización.

Según Carmen Hernández, el trabajo realizado por los juzgados especializados, ya sea con mujeres o menores afectados, es considerado como "uno de los avances más relevantes" en la lucha contra la "lacra" de la violencia de género.

La dirigente canarista reclamó una "rectificación" debido a que considera "muy importante y necesaria" la especialización de todos los operadores del ámbito judicial, así como del resto de las administraciones públicas implicadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ámbito de sus competencias. Según ella, cualquier "paso atrás es inadmisible", por lo que la supresión de estos tres juzgados.

"Lejos de justificar una reducción de órganos judiciales, las memorias del CGPJ de 2023 y del TSJC nos indican que debemos redoblar los esfuerzos en Canarias", afirmó. Según la portavoz parlamentaria de NC-BC, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ en 2023 revela que en las islas se registraron 11.440 denuncias por violencia contra la mujer, lo que representa un aumento del 17,2% con respecto a 2022. En comparación con 2021, hace dos años se presentaron 9.721 denuncias, es decir, 755 más.

En el informe del CGPJ se menciona que hubo un aumento del 8,4 por ciento con respecto a la anualidad 2021-2022, lo cual muestra una tendencia preocupante al alza.

La portavoz canarista señaló que Canarias presenta una de las tasas más altas del país en cuanto a mujeres víctimas de violencia, según lo informado por el TSJC. Destacó que los juzgados en la región sufren una "sobrecarga" evidente, ya que 118 órganos judiciales de un total de 211 superaron en un 130 por ciento el módulo de entrada establecido. Se denunció que cualquier valor por encima del 100 por ciento se considera sobrecarga y la mayoría de los casos exceden significativamente la carga asumible.

"La eliminación de los tres juzgados antes mencionados para ser centralizados en Las Palmas de Gran Canaria, donde tendrán que atender a una población total de más de 600.000 residentes, no se justifica desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia", afirmó la vicepresidenta. "Más sobrecarga, lo que no ayudará afrontar con garantías este drama, ni a las víctimas ni a sus entornos personales y familiares", cuestionó NC-BC.

"Sobradamente justifican que se mantengan estos juzgados y que se refuercen con el personal adecuado", se opuso a esta visión que consideró "centralizadora, absolutamente ajena a la realidad y la singularidad de Canarias, donde el factor poblacional nunca debe ser el determinante de la reorganización o de cualquier tipo de reestructuración del sistema judicial". El Archipiélago, como territorio fraccionado, la orografía y el perfil socioeconómico de la población (33,8 por ciento en riesgo de pobreza y exclusión).

El Ejecutivo canario de CC y el PP fue abordado por Natalia Santana, quien les pidió que cesen de ignorar este problema estructural. La diputada canarista afirmó que es necesario que se reviertan los recortes del 50 por ciento decididos en los presupuestos de 2024.