Desde que se conocieron los resultados definitivos de las elecciones generales del 23 de julio, que dieron lugar a una composición del Congreso perversa, que presagiaba la práctica imposibilidad de una investidura de Núñez Feijoo y la endemoniada necesidad de contar con los votos afirmativos de Junts per Catalunya para la de Sánchez Pérez-Castejón, con el consiguiente papel pivotal de Carles Puigdemont para alcanzar cualquier tipo de pacto, se inició una ofensiva desde diversos medios de comunicación, opinadores, intelectuales, políticos amortizados y “tutti quanti” tendente a impedir cualquier tipo de acuerdo entre el PSOE y Junts.
El PP, jaleado por determinados medios, inició una táctica errática, donde un día promovía un tamayazo en el Congreso, solicitando la defección de los “buenos diputados socialistas” que le votaran para impedir el pacto de Sánchez con “filoterroristas (Bildu) y golpistas independentistas (Junts y ERC)”, al día siguiente festejaba al PNV, al otro proponía a Sánchez un pacto de abstención del PSOE a cambio de una legislatura de solo dos años, para desmontar el sanchismo y, en el colmo de la incongruencia, se dijo dispuesto a hablar con todos los grupos parlamentarios con la única excepción de Bildu, lo que implicaba negociar también con Junts.
Cuando quedó claro que, salvo sorpresa hipermayúscula, Núñez Feijoo no conseguiría la investidura que el rey le había encomendado intentar y se iniciaron contactos entre miembros del gobierno de coalición y Junts y, en concreto, con Puigdemont y éste expuso sus condiciones previas, compartidas por ERC, de uso de las lenguas autonómicas en el Congreso, solicitud a la UE del reconocimiento del catalán/valenciano, euskera y gallego como lenguas oficiales y, sobre todo, amnistía para todos los hechos relacionados y derivados del uno de octubre (de 2017) y sus antecedentes y consecuentes, ha empezado la ofensiva por tierra, mar y aire contra Sánchez, específicamente contra Sánchez y Puigdemont y contra cualquier tipo de acuerdo con Junts, así como contra la amnistía, de la que se dice, como de todo lo que no gusta a las fuerzas vivas del carpetovetonismo hispano, que es inconstitucional.
Este estado de cosas ha provocado un interesante debate a múltiples bandas entre juristas constitucionalistas de mérito y prestigio, en el que unos sostienen que una amnistía no cabe en la constitución, aunque no está explícitamente prohibida y otros opinan, al contrario, que una medida similar a una amnistía sí tendría encaje constitucional. En consecuencia, queda claro para mi que cualquier ley que eventualmente se aprobase al respecto deberá ser estudiada y validada o rechazada por el Tribunal Constitucional.
Lo que casi nadie fuera de Catalunya y Euskadi expone es que estamos ante una oportunidad, quizás única, de solucionar, o empezar a solucionar, el conflicto político que existe, guste o no por la meseta, entre el estado español central nacional castellano y las periferias nacionales no castellanas. Pero no parece que el “establishment” ni el “deep state” estén por la labor.
Al contrario, desde el PP, liderados por Díaz Ayuso y el PSOE, liderados por Lambán y García-Page, han salido todo tipo críticas e invectivas contra Sánchez, la amnistía, Junts, Puigdemont, Bildu, ERC y las lenguas autonómicas en el Congreso y en la UE.
Y han empezado a desfilar los carcamales que nunca faltan: Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Almunia, Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina y José María Aznar, los más significativos. Todos ellos, autoinvestidos de un aura de autoridad y nimbados por los medios de comunicación se dedican a pontificar y descargar sus rayos justicieros sobre los demonios surgidos del Averno independentista, nacionalista periférico, izquierdista sumarista y, sobre todo, sanchista.
Vaya por delante que todo el mundo tiene derecho a exponer su opinión y a opinar lo que le parezca, faltaría más, pero determinadas figuras que han ocupado puestos de la más alta competencia política, quizás deberían ser más comedidos en sus apariciones públicas y más respetuosos con los que ahora tienen las responsabilidades que ellos tuvieron.
Y cuando aducen que lo hacen porque está en peligro la unidad de España no se lo creen ni ellos y no están sino contribuyendo a propalar infundios y falsedades con el fin de influir en la opinión pública y contribuir al mantenimiento del statu quo de un estado que se sostiene sobre columnas morales cada vez más agrietadas y desmenuzadas.
Si (
No(
