La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado un nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este modelo permitirá a las comunidades optar por asumirlo o mantener el sistema actual. Se estima que en 2027, el nuevo modelo aportará 20.975 millones adicionales, distribuyendo un total de 224.507 millones entre las autonomías. Montero destacó la inclusión de criterios como la población ajustada y la solidaridad interterritorial, garantizando que todas las comunidades se beneficien. Además, se convocarán reuniones técnicas con los gobiernos autonómicos para discutir su implementación. Este cambio busca mejorar la financiación y responder a las demandas de las comunidades para sustituir el modelo vigente desde 2009.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado a conocer la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En un encuentro donde se debatieron los pormenores de la iniciativa con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, Montero destacó que se ofrecerá a las regiones la opción de adoptar este nuevo modelo o continuar con el sistema vigente. Esta alternativa ya estaba contemplada en la legislación que estableció el sistema de financiación en 2009.
Además, la ministra anunció que las reuniones técnicas con cada gobierno autonómico comenzarán de inmediato para discutir los detalles del modelo. El objetivo es acelerar la tramitación de lo que se convertirá en una Ley Orgánica que será sometida a votación en el Parlamento.
El nuevo modelo, cuya implementación está prevista para 2027, promete aportar 20.975 millones más a las comunidades autónomas en comparación con lo que recibirían si se mantuviese el sistema actual. Montero explicó que los recursos totales que se distribuirán bajo este nuevo esquema alcanzarán los 224.507 millones, un aumento notable respecto a años anteriores. Por ejemplo, en el último año liquidado correspondiente a 2023, las comunidades recibieron 152.484 millones del sistema de financiación.
Entre las novedades anunciadas por Montero, se encuentra la inclusión voluntaria de las comunidades en este nuevo modelo. Aquellas que opten por continuar con el sistema existente podrán hacerlo, renunciando así al incremento ofrecido por el nuevo esquema. Este aspecto también estaba presente en el modelo aprobado en 2009.
La titular de Hacienda subrayó que el nuevo modelo busca beneficiar a todas las comunidades autónomas y garantizar una suficiencia financiera necesaria para proteger el Estado del Bienestar. Montero rechazó la idea de que sea un "modelo insolidario", afirmando que aquellos territorios con mayor capacidad tributaria contribuirán al sistema mientras que las comunidades con menos ingresos serán receptoras netas. “Queda garantizada la solidaridad interterritorial”, enfatizó.
En cuanto al principio de ordinalidad, Montero aclaró que no estará explícitamente recogido en el nuevo modelo. Sin embargo, aseguró que uno de los principales objetivos es lograr equidad y reducir las diferencias en financiación por habitante. Según sus palabras, esta disparidad disminuirá considerablemente, pasando de 1.500 euros a 477 euros antes de aplicar la cláusula de statu quo.
El nuevo modelo incorpora criterios mejorados para el reparto y se basa en principios prioritarios para el Ejecutivo:
Uno de los aspectos centrales del nuevo modelo es el criterio de población ajustada, que determina cuántos habitantes tiene cada comunidad considerando variables relevantes para calcular costes y necesidades financieras. Así, se busca adaptar el reparto según características demográficas y socioeconómicas específicas.
A pesar de intentos previos por alcanzar un consenso sobre estos criterios desde febrero pasado, fue necesario presentar una propuesta formal ante las comunidades tras su solicitud. Entre los elementos clave destacan:
A medida que se implementen estos cambios, también se espera incrementar significativamente la capacidad tributaria disponible para las comunidades autónomas. Actualmente, esta capacidad proviene principalmente de impuestos cedidos como IRPF e IVA. La nueva propuesta plantea aumentar esta cesión al 55% e incluir nuevos impuestos dentro del sistema financiero autonómico.
Dicha modificación permitirá incrementar los recursos disponibles hasta casi 16.000 millones adicionales hacia 2027, promoviendo así una mayor autonomía fiscal entre las regiones españolas.
A través del refuerzo solidario interterritorial se garantiza que todas las comunidades alcancen al menos un 75% de media en recursos ajustados por habitante. Esto significa que aquellas regiones con menor financiación recibirán más apoyo económico mientras que aquellas más favorecidas aportarán al bienestar común del sistema financiero autonómico.
Asimismo, se contempla una nivelación vertical destinada a reducir distancias económicas entre comunidades mediante aportaciones significativas desde el Estado hacia aquellas menos favorecidas económicamente.
Aparte de los parámetros principales descritos anteriormente, existen otros mecanismos complementarios destinados a facilitar una gestión más efectiva y equitativa entre autonomías:
Todas estas medidas están diseñadas no solo para abordar problemas inmediatos sino también para sentar bases sólidas hacia un futuro donde cada comunidad autónoma pueda gestionar sus recursos fiscales con mayor autonomía y responsabilidad social. La reforma busca agilizar procesos financieros mediante sistemas compartidos entre administraciones estatales y autonómicas facilitando así un flujo más eficiente en términos económicos dentro del país.