El Gobierno de España aprobará un real decreto-ley con incentivos fiscales a propietarios, mayor regulación contra el fraude en alquileres de corta duración y normas más estrictas para combatir el auge de los alquileres por habitaciones que considera “abusivos”.
Así lo ha avanzado el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, durante una visita a los trabajos de demolición del antiguo acuartelamiento de Campamento, en Madrid, donde se construirán 10.700 viviendas asequibles. Sánchez resumió su estrategia en una frase: “A quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno”.
La medida estrella del decreto es una bonificación del 100 % en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos propietarios que no incrementen el precio del alquiler al renovar contratos con inquilinos. El Gobierno argumenta que esta exención compensará la renta que se dejaría de obtener por no subir el precio, con el objetivo explícito de fomentar estabilidad en los alquileres de larga duración.
El Ejecutivo también plantea condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada, con el objetivo de poner fin al “uso fraudulento evidente” de estos contratos que, según Sánchez, obligan a muchas personas a renegociar constantemente y vivir en “incertidumbre permanente”. El real decreto establecerá un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.
Otra pieza clave de la norma es la restricción del uso del alquiler por habitaciones, una práctica que el Gobierno considera una vía para inflar rentas en detrimento de los arrendatarios. Los nuevos contratos por habitaciones estarán sujetos a dos reglas claras.
La renta total sumada de todas las habitaciones no podrá superar la de un contrato de vivienda completa equivalente; y en zonas tensionadas, estos contratos deberán ajustarse a los mecanismos de control de rentas establecidos en la ley de vivienda.
El Gobierno defiende que estas medidas evitarán prácticas especulativas que “utilizan la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos, a costa del sufrimiento de cientos de miles de familias”, según ha criticado Sánchez.
La iniciativa llega en un contexto de grave crisis inmobiliaria en España, con precios del alquiler en máximos y una oferta insuficiente de vivienda asequible, especialmente en áreas con alta presión turística y urbana.
Organizaciones sociales y algunos partidos de la oposición han criticado la falta de medidas más contundentes para contener precios o ampliar vivienda pública, mientras sectores del mercado alertan de posibles efectos adversos sobre la oferta de alquiler.
Sumar ha declarado este lunes que no apoyará en el Congreso de los Diputados el decreto ley anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que propone incentivos fiscales para propietarios de viviendas que no suban el precio del alquiler al renovar contratos, según ha avanzado el portavoz de Vivienda de la formación, Alberto Ibáñez.
Sumar considera que la medida está “pensada para los rentistas” y no aborda de fondo el problema del acceso a una vivienda asequible. En rueda de prensa y en mensajes en la red social X, Ibáñez ha sido tajante: “No lo vamos a apoyar” y ha definido el decreto como un “regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos”.
La formación reclama que el Ejecutivo en lugar de bonificaciones debería presentar medidas estructurales para frenar el fuerte encarecimiento de los alquileres, especialmente ante la renovación de contratos de casi 600.000 hogares en toda España, que a juicio del grupo plurinacional puede suponer subidas masivas que afectan a la seguridad y el bienestar de familias.
Los socios del PSOE en el Gobierno central mantienen así su línea crítica hacia las propuestas del PSOE en materia de vivienda, que ya ha sido objeto de rechazo por parte de Sumar y otras formaciones como Podemos o ERC en medidas anteriores relacionadas con ayudas al alquiler o incentivos fiscales al sector inmobiliario.