Transparencia

La asociación palmera lamenta que la actual reactivación sísmica en Las Cañadas del Teide “evidencia que políticos y científicos no han aprendido de los errores con el Tajogaite”, por lo que defiende que se dé cuanto antes formación preventiva a la sociedad tinerfeña sobre medidas de autoprotección y protocolos de emergencia ante una posible erupciónvolcánica.

Carol Alejandra Correa Correa cuestiona la falta de transparencia y respuestas a la ciudadanía en la ordenación urbanística de San Miguel de Abona.

El portavoz de NC-BC acusa al gobierno de CC-AUP-SSP-PP de inoperatividad y de anteponer la confrontación a los intereses de la ciudadanía.

La asociacion denuncia que el gobierno insular de La Palma “oculta” documentación al TSJC en el litigio planteado contra un decreto anterior, a pesar de los reiterados requerimientos judiciales.

La asociación se queja de la falta de respuesta del Cabildo palmero y los tres ayuntamientos de la comarca sobre numerosas solicitudes de información, al tiempo que reclama más información y mecanismos de participación real para los afectados del volcán.

El jurado contará con un sistema automático que permitirá generar el acta oficial en cuestión de minutos.

La consejera respondió a las preguntas de las diputadas con la reducción de más de un año del tiempo en que se concede una ayuda a las familias y el ritmo mensual de incorporación al sistema de personas con derecho a prestación que se triplica.

El Partido Popular (PP) ha exigido al Gobierno explicaciones urgentes tras la tragedia en Adamuz, priorizando el bienestar de las víctimas. En una rueda de prensa, el vicesecretario Juan Bravo criticó la falta de previsión y las respuestas contradictorias del Ejecutivo, que han generado desconfianza entre los ciudadanos. Bravo instó al Gobierno a garantizar que no se repitan incidentes similares y cuestionó por qué no se tomaron medidas preventivas antes de los recientes descarrilamientos. El PP ha mostrado su apoyo a las familias afectadas y ha reclamado una mayor transparencia en la gestión de infraestructuras.

Preocupación entre quienes aún no han recibido las ayudas económicas prometidas sobre la distribución de los próximos fondos tanto del Gobierno canario como los que provengan del Estado.

El Gobierno de Canarias ha aprobado un nuevo decreto que regula el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y establece un sistema de adjudicación basado en criterios objetivos, reemplazando el anterior modelo de sorteo. Este cambio busca priorizar a las personas con mayor necesidad habitacional, exigiendo al menos 10 años de residencia en Canarias para acceder a viviendas protegidas. Además, se incrementan los porcentajes de reserva para colectivos específicos como jóvenes y mayores. La norma también introduce obligaciones para los adjudicatarios y moderniza las tipologías habitacionales, garantizando una gestión responsable del patrimonio público.

Campos afirma que 19 normas urgentes a mitad de la XI Legislatura, en un contexto de normalidad, revelan la falta de voluntad de diálogo y transparencia.

Tras la publicación de una información relacionada con la denuncia interna de un trabajador de la empresa Aquanaria por episodios de mortandad de peces y presencia de bacterias.

El Congreso de España ha aprobado una ley histórica que protege los derechos de los consumidores en la atención al cliente, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. Esta normativa prohíbe las llamadas comerciales no deseadas, garantiza precios transparentes sin gastos ocultos y establece derechos para una atención personalizada y gratuita. Además, se limita la práctica de reseñas falsas y se regulan las renovaciones automáticas de contratos. La ley busca empoderar a los consumidores frente a las grandes empresas, promoviendo un modelo de consumo más justo y responsable.

La Alcaldía considera que su conducta constituye una falta grave a los principios de transparencia y ejemplaridad exigidos a los cargos públicos, lo que ha provocado la pérdida de confianza necesaria para mantener sus funciones.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, una legislación histórica que protege los derechos de los consumidores en España. Esta ley pone fin a las llamadas spam y a los gastos de gestión ocultos, garantizando una atención al cliente más justa y transparente. Las empresas deberán identificar sus llamadas comerciales y ofrecer precios claros desde el inicio de la transacción. Además, se prohíben las renovaciones automáticas no consentidas y se establecen plazos para atender reclamaciones. La norma también combate las reseñas falsas y promueve la accesibilidad para consumidores vulnerables. Este avance legislativo busca empoderar a los consumidores frente a prácticas abusivas.