Transparencia

Se solicita información sobre contratos de Codeplag Canarias S.L. y Producciones Majoreras S.L., vinculados a políticos locales. Se opone a la alcaldía como acusación particular debido a su investigación por adjudicaciones verbales y la falta de transparencia en los contratos menores.

El cobro del equipaje de mano en aerolíneas de bajo coste encarece de media 56 euros el precio final del billete, según una encuesta de la OCU. La organización denuncia falta de transparencia y pide al Parlamento Europeo que prohíba esta práctica, considerada abusiva por la mayoría de los viajeros.

Los proponentes -9 ediles del PP, uno de Nueva Canarias y dos concejales que han abandonado el grupo de gobierno- justifican la iniciativa por la “evidente falta de acción y liderazgo” del actual alcalde, Gustavo Pérez (CC), lo que ha acarreado consecuencias “graves” en los servicios públicos.

La Unión Nacional de Empresas del Cáñamo (UNEC) ha lanzado una campaña informativa que agrupa a más de 270 empresas españolas del sector del CBD, con el objetivo de aclarar conceptos y mitos sobre este compuesto no psicoactivo. La campaña busca promover la transparencia y mejorar el conocimiento sobre el impacto económico del sector, que genera aproximadamente 2.298 empleos directos en España y ha invertido más de 35 millones de euros en su desarrollo. A pesar de su crecimiento, el sector enfrenta confusiones legales y operativas. La UNEC proporcionará información técnica y económica para desmitificar el CBD y su legalidad en el país.

El Gobierno de España ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza la antigua Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva norma, aprobada por el Consejo de Ministros, busca clasificar información sensible relacionada con la defensa nacional y la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que promueve la transparencia y el derecho a la información. La ley establece plazos claros para la desclasificación automática de documentos y crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. Con esta iniciativa, España se alinea con las legislaciones más avanzadas de la UE y OTAN, mejorando el acceso ciudadano a documentos oficiales.

Advierte, con motivo de la presentación del Informe Anual de Evaluación del Cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias en 2024 que “un aprobado es insuficiente cuando hablamos de empresas que han recibido 985 millones de euros de dinero público”.

El Gobierno de España ha presentado a las comunidades autónomas los cinco objetivos clave del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, en línea con el Acuerdo por la Vivienda propuesto por el presidente Pedro Sánchez. Los objetivos incluyen la construcción de más vivienda pública, la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad del parque existente, adelantar la emancipación juvenil, reducir el esfuerzo económico para acceder a la vivienda y revertir las zonas con mercado tensionado. El Ministerio de Vivienda enfatiza la necesidad de que las CCAA se comprometan a cofinanciar estas políticas y aumentar la transparencia en los datos relacionados con la vivienda.

CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige un pacto de Estado contra la corrupción y propone despolitizar la función pública. Las medidas incluyen reducir la libre designación de altos cargos, profesionalizar la administración, implementar protocolos anticorrupción gestionados por empleados públicos y aumentar la transparencia en los procesos administrativos. Además, CSIF aboga por mejorar las condiciones en la administración de Justicia y reforzar la Agencia Tributaria para combatir el fraude fiscal. Estas acciones buscan asegurar una administración basada en el mérito y reducir las prácticas corruptas.

La Asociación Tierra Bonita solicita a Ángel Gabilondo y a Dolores Padrón un informe “independiente” sobre divulgar la documentación que el Gobierno canario deniega, básica para esclarecer por qué no se evacuó antes de la erupción pese a que los científicos la consideraban inminente y ni siquiera se avisó a los vecinos de los barrios adonde se había desplazado el mayor riesgo.

A partir del próximo martes, 1 de julio, Airbnb exigirá que todos los anuncios de alojamiento publicados en su plataforma en España incluyan un número de registro válido, de acuerdo con la nueva normativa europea sobre alquileres de corta duración que entra en vigor ese mismo día.

La Presidenta Ana Suárez informó que quedan pendientes de aprobar las cuentas de dos de los cuatro entes dependientes de la Universidad: la Fundación Parque Científico y Tecnológico y la Fundación Lucio de las Casas.

La asociación asegura que la negativa de la Dirección General de Emergencias con un nuevo informe supone “un desprecio” a la población damnificada, a la que pretende dejar “indefensa”, como ya hiciera el anterior Ejecutivo regional. El recurso contencioso administrativo se presentará en las próximas semanas.