tierra bonita

La asociación palmera lamenta que la actual reactivación sísmica en Las Cañadas del Teide “evidencia que políticos y científicos no han aprendido de los errores con el Tajogaite”, por lo que defiende que se dé cuanto antes formación preventiva a la sociedad tinerfeña sobre medidas de autoprotección y protocolos de emergencia ante una posible erupciónvolcánica.

La asociacion denuncia que el gobierno insular de La Palma “oculta” documentación al TSJC en el litigio planteado contra un decreto anterior, a pesar de los reiterados requerimientos judiciales.

La asociación se queja de la falta de respuesta del Cabildo palmero y los tres ayuntamientos de la comarca sobre numerosas solicitudes de información, al tiempo que reclama más información y mecanismos de participación real para los afectados del volcán.

Mientras, los expropiados siguen sin cobrar con la excusa de que la obra "no está terminada" y ahora con la "cortina de humo" de un proceso participativo.

La asociación impugna el nuevo decreto del Cabildo que mantiene la prohibición de uso y acceso a propiedades privadas, al tiempo que denuncia que la institución insular “oculta documentación clave” al TSJC, que ya instruye un recurso contencioso administrativo contra un decreto anterior.

La asociación apoya la concentración convocada por los vecinos que vivían en El Paraíso y Corazoncillo, para protestar por la falta de información sobre qué pasará con sus terrenos en la zona cero de la catástrofe, en la actualidad con régimen de protección cautelar.

La asociación echa en falta en este foro la perspectiva desde la población damnificada y la autocrítica en la gestión de la emergencia, ya que en el programa previsto hay un predominio absoluto de temas científicos.

La asociación, ante los síntomas de actividad volcánica en Tenerife pide al consejero responsable de Emergencias en Canarias, Manuel Miranda ,“una reflexión” sobre la necesidad de esclarecer la verdad de lo ocurrido en 2021, a la luz de las “pruebas” de que ni siquiera se dio a la población información que tenía el PEVOLCA sobre el cambio de lugar de la zona con mayor riesgo de erupción.

La asociación palmera pedirá informes que evalúen los resultados de este ejercicio centrado en Garachico, y echa en falta recomendaciones prácticas para la población, como asegurar sus propiedades y tener los papeles en regla, porque “la cultura de emergencia no se construye solo con un pitido en el móvil y un espectáculo mediático”.

El litigio promovido por la asociación Tierra Bonita abre por primera vez la vía judicial contra el secreto de una documentación clave que podría esclarecer por qué no se avisó a la población de que el mayor riesgo de erupción había cambiado de lugar ni se la evacuó de forma preventiva.

Colectivos ciudadanos respaldan a Tierra Bonita en defender el derecho a conocer por qué no se avisó a la población de que el riesgo de erupción había cambiado de lugar y por qué no se la evacuó a tiempo.

La asociación recurre ante el tras la negativa oficial a facilitarle la documentación que podría explicar por qué no se comunicó a la población que la zona de mayor riesgo había cambiado de lugar ni se ordenó su evacuación a tiempo.

La Asociación Tierra Bonita solicita a Ángel Gabilondo y a Dolores Padrón un informe “independiente” sobre divulgar la documentación que el Gobierno canario deniega, básica para esclarecer por qué no se evacuó antes de la erupción pese a que los científicos la consideraban inminente y ni siquiera se avisó a los vecinos de los barrios adonde se había desplazado el mayor riesgo.

La asociación asegura que la negativa de la Dirección General de Emergencias con un nuevo informe supone “un desprecio” a la población damnificada, a la que pretende dejar “indefensa”, como ya hiciera el anterior Ejecutivo regional. El recurso contencioso administrativo se presentará en las próximas semanas.

Este colectivo ciudadano critica el retraso en aprobarse una ley impulsada por afectados de la erupción de 2021, con apoyo de casi 20.000 firmantes de todas las islas, para garantizar los derechos de las personas damnificadas por esta y otras posibles futuras catástrofes volcánicas en Canarias.