El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado este miércoles ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en calidad de investigado en la causa conocida como ‘Plus Ultra’, que analiza la concesión de un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de 2020.
Zapatero está imputado por los supuestos delitos tráfico de influencias y blanqueo de capitales; y también por delito fiscal y contrabando tras el hallazgo de diversas joyas y objetos de valor. Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno comparece ante un juez en condición de imputado.
Según los investigadores, Zapatero sería “el vértice” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.
En lo que respecta a los objetos de valor incautados durante el registro de la oficina del expresidente, en la calle Ferraz de Madrid, la investigación se centra especialmente en la procedencia de las joyas intervenidas, cuyo valor podría superar 1,3 millones de euros. La defensa del expresidente había solicitado aplazar el examen detallado sobre el origen de las joyas para disponer de más tiempo con el fin de reunir la documentación acreditativa correspondiente, sin embargo el magistrado instructor denegó la petición.
Durante su declaración judicial, Zapatero no ha querido responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y ha negado haber influido en el rescate de Plus Ultra.
Una vez concluida la diligencia, tras más de tres horas de interrogatorio, Anticorrupción ha interesado la retirada del pasaporte del investigado y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. El juez instructor deberá decidir al respecto.
El expresidente ha recibido en las últimas semanas el respaldo público del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, quienes han defendido su honorabilidad y han reclamado respeto a la presunción de inocencia mientras avanza la instrucción judicial.