Gobierno español regularizará a medio millón de migrantes

En el Consejo de Ministros de este martes dará luz verde por parte del Gobierno al inicio de la tramitación de un Real Decreto que permitirá una regularización extraordinaria para los ciudadanos extranjeros que ya residen en España. El propósito es "garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente".

El acuerdo con Podemos ha dado lugar al Real Decreto, según han declarado fuentes del Ejecutivo, quienes también subrayan que esta medida "retoma el mandato" de una iniciativa legislativa popular que cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas. La toma en consideración de dicha iniciativa recibió el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria, con 310 votos a favor y solo 33 en contra, siendo todos los grupos, excepto Vox, quienes la respaldaron, lo que permite desbloquear una respuesta que había estado paralizada durante meses.

Meta: regularizar a quinientas mil personas

Minutos después de que Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos, anunciara el acuerdo con el PSOE, el Gobierno ha hecho público este anuncio. El objetivo de dicho acuerdo es regularizar a aproximadamente medio millón de personas, quienes podrán beneficiarse de la medida hasta el 30 de junio.

Durante un evento titulado 'Regularización Ya' en Madrid, la eurodiputada de la formación morada, Montero, ha realizado un anuncio que implica "que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia".

El empadronamiento será una de las formas de hacerlo, pero también se podrán utilizar otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero. Aquellos que cuenten con antecedentes penales quedarán excluidos.

Asimismo, según informa Efe, los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por razones administrativas o por trabajar sin permiso que afecten a la persona quedarán suspendidos al momento de presentar la solicitud.

La autorización de residencia provisional, que permite trabajar legalmente y acceder a otros derechos fundamentales como la asistencia sanitaria, se otorgará con la admisión a trámite de la solicitud.

En caso de que la resolución sea positiva, se otorgará una autorización de residencia por un año. Al finalizar este periodo, será posible solicitar una autorización ordinaria de acuerdo con el reglamento de extranjería.

Fortalecimiento de una política migratoria "fundamentada en derechos humanos".

El Ministerio encabezado por Elma Saiz afirma que, a través de este real decreto, España "refuerza" un modelo de política migratoria "basada en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social".

Al ser tramitado como un real decreto, no es necesaria la convalidación parlamentaria por parte del Gobierno. Esto contrasta con los reales decretos-ley, que deben contar con el respaldo del pleno del Congreso un mes después de su aprobación y entrada en vigor, lo que obliga al Ejecutivo a gestionar los apoyos requeridos para su aprobación.

La falta de apoyos en materia migratoria, que han enfrentado los socios de Gobierno, puede ser esquivada gracias a esta vía, debido en parte al rechazo de Junts hacia sus propuestas.

La iniciativa ha sido valorada por Sumar, socio del Gobierno, quien ha afirmado que representa un avance "hacia una sociedad más justa y democrática". La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha declarado: "Vamos a garantizar los derechos a nuestros vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras. Mientras la ultraderecha en todo el mundo ataca a la población migrante, el gobierno de España les reconocemos su ciudadanía. Contra su odio, derechos y democracia".

La formación morada ha indicado que se trata de una medida "urgente y de justicia social", la cual reconoce los derechos de cientos de miles de personas que "viven y trabajan en nuestro país, pero a las que hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista". Por su parte, PP y Vox han lanzado críticas al respecto.

Se ha argumentado que mantener a estas personas en situaciones de irregularidad solo contribuye a aumentar la explotación laboral, fortalecer a quienes se benefician de la existencia de trabajadores sin derechos y fomentar el odio y la exclusión. "Cuando el Estado niega derechos, el racismo de la derecha avanza posiciones", han afirmado. Como ejemplos de esta tendencia, han mencionado los disturbios racistas que tuvieron lugar en Torre Pacheco (Murcia) el verano pasado, así como el desalojo en Badalona (Barcelona). A nivel internacional, también han señalado las "redadas racistas del ICE que vulneran sistemáticamente derechos humanos" en Estados Unidos.

Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que la primera reacción de Sánchez ante "46 muertos y ninguna dimisión" consiste en una "regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos".

Según fuentes del PP, se considera que hay una "cortina de humo" y una "mala decisión", ya que "transmite el peor mensaje posible y consolida un modelo que no ordena la inmigración ni protege la convivencia". Además, señalan que "no se aclara a quién afecta, en qué condiciones se integrará a esos cientos de miles de personas ni qué impacto real tendrá en vivienda, sanidad, educación y servicios sociales, trasladando el problema a los barrios, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas". También afirman que "la nacionalidad y la residencia españolas se merecen, no se regalan".

Santiago Abascal ha sido más contundente al referirse al "tirano Sánchez", a quien acusa de "odiar al pueblo español" y de "querer sustituirlo". "Pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión", afirmó.

Importantes regularizaciones: desde González hasta Aznar y Zapatero

Desde los años ochenta, se han llevado a cabo hasta ocho procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes por parte de gobiernos del PSOE y del PP. Estas iniciativas buscan combatir la economía sumergida y disminuir el número creciente de ciudadanos extranjeros sin derechos.

Durante los gobiernos de Felipe González, se activaron los dos primeros procesos extraordinarios en 1985 y 1991, beneficiando a más de 147.000 extranjeros, de acuerdo con información proporcionada por la Agencia Efe.

Bajo el mandato de José María Aznar en La Moncloa, se estableció en 1996 un sistema para otorgar documentos a aquellos que habían sido titulares de un permiso en el pasado, así como a sus familiares, siempre y cuando hubieran estado en España antes del 1 de enero de ese año. Aproximadamente 21.000 inmigrantes lograron obtener la documentación.

En el año 2000, se llevó a cabo un proceso que abarcó un espectro mucho más extenso. Se estableció como requisito que los extranjeros debían haber ingresado a España antes del 1 de junio de 1999 y haber tenido, en algún momento, un permiso o haberlo solicitado. Más de 244.000 extranjeros solicitaron la regularización, y aproximadamente 163.000 lograron obtener la documentación correspondiente.

Debido al alto volumen de solicitudes denegadas, en 2001 se tomó la decisión de revisar automáticamente los expedientes de aquellos que no habían podido demostrar su estancia en España antes de la fecha establecida, lo que permitió regularizar la situación de 36.000 personas adicionales. Ese mismo año, se llevó a cabo otro proceso extraordinario, aunque solo los ciudadanos ecuatorianos pudieron beneficiarse de él, alcanzando a más de 20.000 personas.

La "regularización por arraigo", que otorgó documentación a más de 239.000 extranjeros, fue el proceso de regularización más significativo implementado durante los gobiernos de Aznar y se activó en 2001.

La regularización extraordinaria implementada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 superó ese proceso, beneficiando a cerca de 578.000 extranjeros, según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la época. Por primera vez, se estableció una conexión directa con el mercado laboral al requerir un contrato de trabajo firmado.