El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Real Decreto-ley que amplía los permisos de nacimiento, elevándolos a 17 semanas y añadiendo dos semanas adicionales de permisos retribuidos para cuidados. Esta decisión, ratificada en la sesión del martes, representa un avance significativo en la legislación laboral española.
Con esta ampliación, cada progenitor podrá disfrutar de un total de 19 semanas retribuidas, mientras que las familias monomarentales tendrán derecho a 32 semanas. Este nuevo marco legal es considerado un derecho no transferible entre progenitores y tiene carácter retroactivo desde el 2 de agosto de 2024.
Detalles sobre los nuevos permisos
Las 17 semanas de permiso por nacimiento se deben tomar durante el primer año de vida del hijo o hija, con la condición de que las primeras seis semanas sean disfrutadas de manera continua y a jornada completa tras el parto. Las dos semanas adicionales podrán ser utilizadas de forma flexible hasta que el niño o la niña cumpla ocho años. Estos permisos también son aplicables en casos de adopción, acogimiento familiar o guarda, sumándose al permiso de lactancia, que permanece en tres semanas.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido esta normativa en el Congreso, destacando que sitúa a España “entre los países con permisos parentales más amplios y equitativos del mundo”. Según Díaz, este avance beneficiará a casi un millón de personas solo en su primer año y es parte del objetivo del Gobierno de hacer de los cuidados uno de los pilares del Estado del Bienestar.
Afirmaciones del Gobierno sobre el impacto social
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha calificado esta medida como “un paso histórico y una victoria democrática”, subrayando que se comienza a saldar una deuda histórica con las familias españolas. Bustinduy ha enfatizado la necesidad de seguir avanzando hacia un futuro donde se alcancen 20 semanas retribuidas al final de la legislatura, tal como se establece en el acuerdo entre PSOE y Sumar.
Esta iniciativa marca un hito en la política social española y refleja un compromiso por mejorar las condiciones laborales y familiares en el país. La aprobación del Real Decreto-ley es vista como un avance crucial para apoyar a las familias trabajadoras y fomentar una mayor equidad en el ámbito laboral.