La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha pedido al Ministerio del Interior la elaboración urgente de una orden ministerial ajustada a derecho o la derogación del real decreto sobre el registro de viajeros que obliga a establecimientos y plataformas a recopilar y transmitir determinados datos a las autoridades.
En un comunicado Jorge Marichal ha indicado que es fundamental que el Ministerio del Interior retome las conversaciones con los representantes del sector "para elaborar una orden ministerial ajustada a derecho o, por el contrario, derogue el Real Decreto 933/2021, creando un sistema ágil que permita cumplir los objetivos iniciales que se pretendían con la norma”.
La preocupación por los bloqueos operativos, la confusión y el aumento de los costes administrativos para las pymes y turoperadores ha sido manifestada por los representantes hoteleros, quienes han solicitado un diálogo inmediato con los ministerios del Interior y Turismo.
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Las agencias de viajes, que han solicitado en numerosas ocasiones al Gobierno ser excluidas de la aplicación del decreto, han vuelto a exigir la creación de esa orden ministerial este lunes.
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha señalado en un comunicado que, desde que concluyó el plazo para presentar alegaciones al borrador de la orden ministerial en enero pasado, no se han registrado más avances y la aprobación sigue pendiente.
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La Cehat informa que el nuevo sistema, que comenzará a aplicarse a inicios de diciembre de 2024, es rechazado por el sector debido a la falta de proporcionalidad, las lagunas en las obligaciones para alojamientos y plataformas, así como a las incompatibilidades legales con la normativa europea.
Las asociaciones que defienden los intereses del sector turístico ante las autoridades de Europa han planteado a la Comisión Europea (CE) interrogantes sobre la conformidad del decreto con la normativa europea. Según Cehat, critican que en España se requiera la recolección y transmisión de datos, una práctica que no se observa en ningún otro país de la UE.
La Comisión Europea ha indicado que el real decreto no establece una definición precisa sobre el alcance de las obligaciones para empresas de alojamiento, plataformas en línea y compañías de alquiler de coches. Esta información se aclarará en la orden ministerial que actualmente se está elaborando.
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La Cehat ha añadido que el primer borrador enviado por España hace varios meses fue revisado y que ahora se encuentra a la espera de la versión definitiva para poder tomar una decisión.