El Pleno del Senado ha dado luz verde a la Proposición de Ley presentada por el PSOE y Coalición Canaria, que modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, para regular las inversiones en elementos patrimoniales destinados al arrendamiento de vivienda en las Islas Canarias. Esta modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) permitirá el uso de los fondos de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler como vivienda habitual.
La propuesta ha sido objeto de modificaciones durante su tramitación en el Senado y ha logrado un respaldo significativo, con 249 votos a favor y 8 abstenciones. Ahora, el texto regresará al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
Consenso político y objetivos claros
Durante el debate, el secretario cuarto del Senado y senador por Lanzarote, Francisco Manuel Fajardo, subrayó que esta iniciativa cuenta con el consenso de todos los partidos canarios y prácticamente todas las fuerzas políticas presentes en la cámara. Fajardo expresó su satisfacción por las enmiendas introducidas al texto durante su discusión en el Senado, las cuales buscan corregir un error cometido anteriormente en el Congreso respecto al artículo 27 del REF.
El senador destacó que la RIC es un instrumento “más potente” desde el punto de vista fiscal, permitiendo a empresas y autónomos deducir una cantidad significativa de su base imponible para fines específicos. “Está concebido como un elemento de dinamización y fortalecimiento de la economía canaria”, añadió.
Un problema urgente: la escasez de viviendas
Fajardo también hizo hincapié en la situación crítica que enfrenta Canarias, con 2.000 millones de euros aún sin materializarse en la RIC y 219.000 viviendas vacías en la región. “Hemos pasado de construir 30.000 viviendas anuales a solo 3.000, mientras que contamos con 66.000 viviendas destinadas al alquiler vacacional”, indicó.
El senador calificó la crisis habitacional como un “problema grandísimo”, acentuado por ser una región ultraperiférica. Además, enfatizó que no es aceptable que una persona destine el 43% de sus ingresos a pagar un alquiler. “Con esta iniciativa buscamos dar solución, permitiendo que esos 2.000 millones puedan invertirse en vivienda pública protegida o no protegida, pero nunca vacacional”, concluyó.
Cambio hacia una utilidad social
Finalmente, Fajardo afirmó que se busca transformar la vivienda en un bien con utilidad social, alejándose del enfoque especulativo actual. “Queremos que deje de ser un mero elemento especulativo y pase a tener la utilidad social que establece el artículo 47 de la Constitución”, sentenció. “Eso es lo que queremos los canarios y eso es lo que debe unirnos”.
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