Francina Armengol, una presidenta del Congreso al servicio de Pedro Sánchez

Desde que Francina Armengol fue elegida presidenta del Congreso de los Diputados en agosto de 2023, en sustitución de la catalana Meritxell Batet, su figura no ha estado exenta de controversia. Su papel como tercera autoridad del Estado —un cargo que exige neutralidad institucional y respeto escrupuloso al reglamento de la Cámara Baja— ha sido reiteradamente cuestionado por la oposición, especialmente por el Partido Popular (PP) y Vox, que formalizaron recientemente una extensa queja ante la Mesa del Congreso, denunciando su “falta de imparcialidad”.

Uno de los episodios que más ha tensado la relación entre Armengol y el PP ocurrió el pasado 17 de junio, cuando los populares intentaron forzar una votación en el Pleno para adelantar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones por la implicación del su número tres, Santos Cerdán, en el llamado 'caso Koldo'.

Recordemos que se trata de un grave caso de corrupción política que investiga el Tribunal Supremo, debido a que uno de los investigados, José Luis Ábalos (otro exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Sánchez), es diputado y tiene la condición de aforado.

La presidenta alegó que un cambio del orden del día requería unanimidad de la Junta de Portavoces, mientras que el PP sostenía que bastaba con mayoría simple. El choque derivó en un bronco enfrentamiento parlamentario y en acusaciones de "boicot" al control al Ejecutivo por parte del portavoz popular, Miguel Tellado. Y es que para los populares esta decisión fue una muestra más del “partidismo” con el que, según ellos, actúa Armengol.

Recordemos que la propia Armengol mostró públicamente, el día 16 de mayo, su apoyo a Santos Cerdán en las redes sociales. "Ni acoso, ni mentiras, ni intimidaciones. Nada de eso es tolerable en esta democracia. Toda mi solidaridad, Santos Cerdán, para ti y para tu familia", escribió la expresidenta de Baleares. Entonces diversos medios ya publicaban la implicación de Cerdán en un presunto caso de corrupción y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba elaborando un informe incriminatorio para él.

Así fue. Tras levantarse el secreto del sumario y conocerse el informe de la UCO, el día 12 de junio Cerdán anunció su dimisión como secretario de Organización socialista y la entrega del acta de diputado. Fue llamado a declarar ante el Supremo el día 30 de julio y el juez acordó prisión preventiva y su ingreso en Soto del Real.

EN ENTREDICHO

Pero ese no es un episodio aislado. En febrero de 2024, el Grupo Parlamentario Popular registró un documento en el que desgranaba decenas de posibles irregularidades cometidas por Armengol como presidenta de la Cámara Baja.

Uno de los reproches más graves es que permitiera el uso de lenguas cooficiales en el hemiciclo antes de que el reglamento lo autorizara formalmente, y sin contar con el respaldo previo de la Junta de Portavoces.

El PSOE justificó esta decisión como una medida de respeto a la diversidad lingüística del Estado y en línea con los compromisos adquiridos por los socialistas para la investidura de Pedro Sánchez, con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.

Los populares también cuestionaron que Armengol diera luz verde a la formación de grupos parlamentarios propios por parte de Junts y ERC, sin que cumplieran los requisitos exigidos.

Asimismo, se le achaca una gestión desigual de los tiempos y procedimientos parlamentarios: mientras que convocó en menos de 24 horas la investidura de Feijóo tras ser propuesto por el rey Felipe VI, tardó más de 40 días en hacer lo mismo con Pedro Sánchez, una diferencia que se interpretó como una decisión que obedecía a intereses de partido más que técnica.

A ello suman su malestar por el tono empleado por la presidenta en actos institucionales como la jura de la princesa de Asturias, Leonor, como heredera de la Corona, o el aniversario de la Constitución, donde, en opinión del PP, sus intervenciones estuvieron cargadas de ideología y alejadas de la neutralidad institucional que el cargo exige.

Otra de las decisiones más cuestionadas fue el nombramiento de Fernando Galindo como letrado mayor del Congreso. Se trató de la designación de alguien procedente directamente del Gobierno socialista, que ha tenido un papel clave en la tramitación de iniciativas controvertidas como la Ley de Amnistía, lo que, a ojos del PP, compromete la independencia técnica del órgano legislativo.

Además, Armengol se caracteriza por defender los intereses del PSOE en el Congreso y de criticar al Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta— por su papel fiscalizador del poder Ejecutivo.

CÁMARA SECUESTRADA

Otra acusación que se hace con relativa frecuencia a la gestión de Armengol es el de tener la Cámara secuestrada, al no reunir la Mesa ni la Junta de Portavoces, para evitar calificar iniciativas legislativas presentadas por la oposición de derechas y que puedan avanzar en su trámite parlamentario.

Así, Armengol impide la tramitación de la proposición de ley antiokupación que podría salir adelante con el apoyo de PP, Vox, UPN y la abstención de PNV y Junts, algo que no interesa al PSOE y Sumar. De este modo, Armengol se comporta de forma antidemocrática en beneficio de los partidos del Gobierno progresista.

SÁNCHEZ MANDA

Uno de los momentos más polémicos, llamativos y simbólicos de la controvertida presidencia de Armengol se produjo el 22 de mayo de 2024. Durante un debate parlamentario, las cámaras captaron al presidente Pedro Sánchez ordenando a Armengol que interrumpiera la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Esta escena fue ampliamente criticada por evidenciar, según la oposición, una quiebra de la separación de poderes y el uso de la Presidencia del Congreso al servicio del Ejecutivo.

LA DEFENSA DE ARMENGOL

En su defensa, Armengol ha argumentado que todas sus decisiones se han adoptado conforme al Reglamento del Congreso y en ejercicio de las competencias que le otorga el artículo 32, que le faculta para interpretarlo y suplir sus omisiones. Sin embargo, estas decisiones responden más a una lógica de cálculo político que a un criterio institucional neutral.

En conjunto, estos episodios refuerzan la tesis de quienes opinan que Armengol ejerce su presidencia con criterios —cuando menos— susceptibles de alinearse con los intereses del Ejecutivo, en lugar de actuar como una árbitra neutral y garante del debate plural en el Parlamento.

Sin embargo, en ocasiones la oposición no se lo pone fácil a la líder del PSIB-PSOE. El 25 de junio, Armengol tuvo que interrumpir la sesión de control tras los insultos escuchados en el hemiciclo. Además, llamó al orden por dos veces a la diputada del PP Alma Alfonso.

JUEZ Y PARTE

La presidenta Armengol compatibiliza sus funciones en la presidencia del Congreso con el liderazgo de la oposición en Baleares, pues sigue siendo la secretaria general del PSIB-PSOE. De este modo, la expresidenta balear ha sido la única de los 13 presidentes de la Cámara Baja que ha simultaneado su puesto con un cargo orgánico dentro del partido y que ha ejercido la oposición en una comunidad autónoma.

Esta anomalía política, por más que legal, convierte a Armengol en una suerte de ministra sin cartera que aspira a recuperar el poder en Baleares, alejándose de la neutralidad que sus 12 antecesores siempre mantuvieron, para el correcto funcionamiento de la Cámara.

CASO KOLDO

Pero en medio de todas las polémicas de Armengol, el episodio más grave y que podría acarrear problemas judiciales a la presidenta del Congreso es una reunión en fecha indeterminada de la líder del PSIB con el empresario comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

Aldama, imputado en el caso Koldo y en el caso Hidrocarburos —estuvo en prisión preventiva por este último asunto hasta que comenzó a colaborar con la justicia— afirmó en un programa de televisión de Cuatro que había estado reunido con Armengol en Palma, algo que ella había negado en la comisión de investigación del Senado un año antes.

Hazte Oír ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Armengol por un presunto delito de falso testimonio y, además, el PP ha solicitado que la expresidenta de Baleares vuelva a declarar en dicha comisión de investigación el próximo martes, 8 de julio.

A todo esto, Armengol afirma que no piensa tolerar “que se intente ensuciar mi nombre ni el de los socialistas que son honestos”. Pero el nombre de la líder socialista balear y su propia gestión como presidenta del Congreso, están ahora mismo muy cuestionados.