El Tribunal Constitucional ha avalado este jueves la ley de amnistía promovida por el Gobierno para los delitos vinculados al procés, tras un tenso pleno que se ha saldado con seis votos a favor (progresistas) y cuatro en contra (conservadores).
El Constitucional avala la ley de amnistía. La resolución confirma la validez de una norma aprobada hace 392 días en el Congreso, que busca fomentar la cohesión y la convivencia tras los años de tensión en Cataluña.
La ponencia, firmada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, sostiene que la Constitución no contempla una prohibición expresa de la amnistía y que corresponde al Parlamento legislar en función del interés general. Según el tribunal, la ley refleja una medida destinada a "paliar los efectos del procés" y reforzar la convivencia social sin violar principios constitucionales.
CUATRO VOTOS EN CONTRA
Pese a su respaldo general, el fallo incorpora cuatro votos particulares en contra de magistrados conservadores –Enríquez, Arnaldo, Espejel y Tolosa– quienes destacan que el tribunal no ha realizado una deliberación "genuinamente colegiada" y advierten riesgos en dejar sin límites la potestad del Congreso.
La sentencia no se pronuncia sobre la amnistía para delitos de malversación, si bien permite a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras presentar recursos de amparo ante el TC. La decisión sobre este punto permanece en manos del Tribunal Supremo, que hasta ahora se ha negado a aplicar la norma a esos casos.
El Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, ha valorado el fallo como una “magnífica noticia” que cierra una crisis política que “nunca debió salir de la política”, según declaraciones desde Bruselas.
En contraste, el expresidente Felipe González ha criticado la ley tildándola de “barrabasada” y ha anunciado que no votará al PSOE en las próximas elecciones. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha cargado contra la decisión desde la cumbre del Partido Popular Europeo.
El Constitucional descarta plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, aunque adelanta que el proceso se prolongará: aún quedan decenas de recursos y cuestiones pendientes sobre esta ley, con resoluciones previstas durante 2025 y 2026.
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