El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo Real Decreto que garantiza el acceso de las personas con perros de asistencia a espacios públicos y privados en toda España. Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, busca asegurar que quienes dependen de estos animales puedan disfrutar de sus derechos sin restricciones geográficas.
La legislación, que complementa las normativas existentes en cada Comunidad Autónoma, permitirá a los perros de asistencia ingresar a centros educativos, culturales, deportivos y sanitarios, así como a comercios, mercados y alojamientos turísticos. Además, se establece la posibilidad de que estos animales accedan a playas y áreas recreativas, siempre que no entren al agua.
Novedades del Real Decreto
Entre las innovaciones más significativas se encuentra la garantía de derechos para las personas que utilizan perros de asistencia en todo el territorio nacional. Esto amplía su reconocimiento más allá de la Comunidad Autónoma donde obtuvieron el distintivo necesario para este servicio.
El ministro Pablo Bustinduy presentó esta normativa desde Moncloa y destacó su importancia para fomentar la autonomía y la vida independiente de estas personas. “Al tiempo que combate la soledad a la que en muchas ocasiones se enfrentan”, añadió Bustinduy. Asimismo, subrayó el impacto positivo que tendrá en mujeres víctimas de violencia de género y sexual al permitirles acceder con sus perros a refugios y centros asistenciales.
Regulación del bienestar animal
Este Real Decreto también reconoce la relación entre las personas con discapacidad y sus perros como una unidad en todo el país. Se estipula que la formación necesaria para estos animales debe ser proporcionada por profesionales acreditados en educación y adiestramiento canino. La normativa incluye medidas específicas para mejorar el bienestar de los perros de asistencia, estableciendo obligaciones tanto para los usuarios como para los encargados de su formación.
Una disposición notable es el derecho al descanso para estos animales; podrán dejar de prestar servicio al cumplir 10 años, manteniendo su acceso a espacios públicos incluso después de su retiro. Este enfoque busca promover una vida más independiente para personas con diversas discapacidades que requieren asistencia canina.
Alineación con derechos humanos
El Real Decreto refuerza los derechos reconocidos en la Constitución tras la reciente reforma del Artículo 49, promoviendo la inclusión plena e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. La normativa también actualiza la legislación española sobre asistencia canina siguiendo los principios establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2006.
De esta manera, se busca garantizar un entorno accesible y solidario para todas las personas que dependen de perros adiestrados, incluyendo aquellas con discapacidades auditivas o físicas, así como individuos con trastornos del espectro autista o crisis recurrentes asociadas a desconexiones sensoriales.