El Gobierno crea un registro público de medios de comunicación

El Gobierno aprueba un anteproyecto de ley para la gobernanza digital

El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al estudiar el anteproyecto de ley que busca adaptar el marco jurídico español a las normativas europeas sobre servicios digitales y medios de comunicación. Este texto incluye modificaciones en tres leyes existentes, alineándose con los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 y 2024/1083.

Entre las principales novedades, se designa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales, dotándola de amplias competencias para controlar, supervisar e inspeccionar plataformas digitales. Además, la Agencia Española de Protección de Datos asumirá la responsabilidad de supervisar las disposiciones relacionadas con la publicidad basada en datos personales sensibles.

Nuevas obligaciones para proveedores digitales

El ministro López destacó que este avance permitirá asegurar que los proveedores de servicios digitales cumplan con las normativas vigentes. Esto incluye establecer canales para denunciar contenidos ilícitos y exigir transparencia sobre los algoritmos utilizados en sus plataformas. “La protección de los derechos digitales es fundamental para mantener la calidad democrática”, afirmó el ministro.

El anteproyecto también introduce un régimen sancionador estricto, con multas que van desde 30.000 euros por infracciones leves hasta un 6% del volumen anual global del negocio para infracciones muy graves.

Creación de un registro público de medios

Otro aspecto relevante del anteproyecto es la creación de un registro estatal para prestadores de servicios de medios de comunicación, gestionado por la CNMC. Este registro obligará a los medios estatales a inscribir información sobre su estructura de propiedad y sus ingresos por publicidad institucional. La información será accesible al público.

Además, se establecerán registros autonómicos coordinados con el estatal y se implementará un procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto en el pluralismo mediático derivado de concentraciones en el mercado.

Finalmente, el anteproyecto prevé modificar la Ley 3/2013 sobre la creación de la CNMC para adecuar su estructura a las nuevas responsabilidades asignadas por esta normativa.