Tras los últimos datos de contagio en nuestra comunidad autónoma han saltado las alarmas. Probablemente mucho antes de que lo que esperaba el Gobierno de Canarias, en contraposición, en el momento exacto que suponía el resto de profesionales sanitarios y la población en general con la apertura de las fronteras.
En la “nueva normalidad” se ha endosado la responsabilidad a la sociedad con unas simples medidas: distanciamiento social, uso de mascarilla cuando no es posible mantener el distanciamiento social y el lavado de manos. Sin embargo, se quedaron muchas preguntas sin responder…
Ya había quedado en evidencia la gestión de la pandemia Covid-19 por el Gobierno de España, pero no ha mejorado esa gestión con adquirir las competencias en sanidad nuevamente por el Gobierno de Canarias. Ambos gobiernos no solo comparten las siglas, sino también el emblema: “tarde y mal”.
Ya habían sido abandonados durante este tiempo a los sanitarios, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCS), a los Funcionarios de prisiones, a los autónomos y las PyMEs, a los profesionales esenciales, a las residencias de ancianos… Ahora toca al profesorado, a los niños y sus familiares.
A poco más de un mes comenzará el año académico 2020-2021. A pesar de estar inmerso en la segunda oleada de contagios por coronavirus (quiero recalcar que es un problema sanitario y, por lo tanto, le corresponde a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias “tomar las riendas”), el sector educativo junto a los padres y madres, observan con estupor las medidas planteadas para empezar el año escolar. A la vista parece que estarán solos, ya que las directrices se centran en dar la responsabilidad a los centros educativos y al profesorado principalmente. Es más que evidente que ni han previsto ampliar el personal para disminuir el ratio profesor/alumno, no se ha valorado a los profesores de riesgo ni a los alumnos de riesgos expuestos en las aulas (lamentablemente las enfermedades no son exclusivos de los adultos), apoyar a alumnos con necesidades especiales, la falta de infraestructuras para mantener las distancia mínima dentro de las aulas, así como, aquellos materiales complementarios necesarios para garantizar la seguridad de todos.
Pero cuando parece ir mal, nos sorprende la medida de no ser obligatorio el uso de mascarillas en las aulas de los centros de formación no universitaria. Parece ser que los 20 alumnos de media que componen las aulas de nuestra comunidad son una unidad familiar. Tampoco parece importarles que haya hermanos en el mismo centro (en diferentes niveles educativos) que puedan seguir la cadena de contagios si se produjese. Si esto ocurriese, como ya ha pasado en otros países, en pocas semanas tendríamos centros escolares cerrados y con una cadena de contagios imparable. Igualmente, no se habrán planteado que muchos de esos niños son responsabilidad de sus abuelos ante la situación laboral actual de ambos padres trabajando y con escasa posibilidad de conciliación familiar.
No quiero alarmar, pero es una realidad… no podemos seguir pensando que lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, no nos va a pasar a nosotros.
En conclusión, hay que permitir el comienzo escolar, pero con garantías sanitarias para todos. Si no es posible, ya debería existir un plan B: la formación a distancia. Pero como hemos podido comprobar durante el confinamiento, prácticamente ha sido nula, por el retraso tecnológico que presenta nuestro país y, concretamente, nuestra comunidad autónoma, en las infraestructuras tecnológicas necesarias para desarrollarla con total normalidad.
Para finalizar utilizaré una frase de David Allen: ¿Qué sucede si no se planifica con tiempo? En muchos casos, se produce una crisis.
José Miguel Yanez
Responsable Autónomico de Sanidad de Contigo
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