Fruto de esta preocupación CEOE Tenerife, ha encargado un informe de la Normativa Regulatoria en Canarias que adjuntamos y en la cual se destacan los siguientes problemas:
• España se caracteriza por uno de los países a nivel mundial con mayor producción normativa.
• Durante el 2021 se han aprobado un total de 851 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
• Esta carga normativa ha supuesto un total de 241.803 páginas, la mayor parte de la regulación procede de las administraciones públicas pertenecientes a las Comunidades Autónomas (CCAA).
• En términos de evolución, desde el año 2014 hasta 2021, Canarias se sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento en la producción normativa.
• El número de páginas publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha ascendido hasta las 57.858 páginas, alcanzando una cifra nunca vista, más de 11.000 páginas más que el segundo mayor registro en 2018 (46.768 páginas). Así, en los últimos cuatro años, el BOC ha editado más de 190.000 páginas.
• El mal diseño de la producción normativa implicaría una limitación de los efectos positivos de esta, llegando incluso a ser negativos.
• Entre los efectos que se enumeran, se menciona la reducción en el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), por medio del impacto del impacto negativo en la Productividad Total de los Factores (PTF). Además, la complejidad normativa afectaría negativamente en la eficacia del sistema judicial.
• En 2019 un 43,9% de los gestores de los establecimientos sitúa la regulación económica como el segundo factor de mayor importancia del entorno empresarial.
• La carga normativa generada a lo largo de los años ha generado una telaraña jurídica que provoca desconcierto y elevados costes al empresariado, especialmente el vinculado a PYMEs, y que estaría obstaculizando el crecimiento del tejido empresarial.
• España necesita, por término medio, 13 procedimientos para llevar a cabo la misma, la cual supone 147 días, y un coste de 4,7% del Ingreso per cápita del país.
• Estas cifras, sitúan a España como uno de los países que tienen peores facilidades para la creación y puesta en marcha de una empresa frente al entorno de los países de la OCDE
• Con respecto a Canarias, la clasificación general le sitúa en la posición 12 de los 19 territorios analizadas, por encima de Melilla (Melilla), Andalucía (Sevilla), Islas Baleares (Palma de Mallorca).
• Si analizamos el número de trámites que supone la apertura del negocio, Canarias (La Palmas de Gran Canaria) se sitúa entre las tres primeras posiciones, presentando una media de 10 procedimientos.
• Si tomamos de referencia el informe realizado por la Comisión Europea16, se desvela que las cargas burocráticas son uno de los obstáculos para la apertura de los negocios vinculados al comercio minorista en los distintos países de Europa
• Canarias presenta una carga regulatoria de 9.466,5 millones de euros, situándose por debajo de la media nacional.
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La carga burocrática en Canarias se concentra en micropymes
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En términos de actividad económica, los mayores costes regulatorios se sitúa en la agricultura, y la construcción.