Ingreso mínimo garantizado

El año 2018, la Comisión Europea realizó tres recomendaciones a España en el que se emitía un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de España. En él, dentro de la segunda recomendación, se indicaba que debía: «(…) Mejorar el apoyo a las familias y abordar las lagunas en la cobertura de los sistemas de renta mínima garantizada, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos.» Hay dos ideas presentes que es bueno señalar: primero, ya existe un sistema de renta mínima garantizada con lagunas en sus coberturas; y, segundo, se han de reducir las disparidades de la misma a nivel autonómico. Fijémonos que son recomendaciones del año 2018. Parece que lo que no se acepta por el camino de las recomendaciones se deberá hacer por las exigencias de la situación devenida de esta Pandemia por el Covid-19. La biología, como siempre, sale en auxilio de la política.

El actual sistema de garantía de ingresos mínimos, como ha señalado la Confederación de Cáritas en España, se encuentra diseñado para alcanzar a las situaciones más extremas de pobreza, y en no pocos casos incorpora requisitos que exigen una cierta cronificación de la situación de pobreza, lo que deja fuera y por tanto sin cobertura a todas las familias con situaciones de pobreza no extrema, o que han alcanzado esta situación de forma coyuntural. Un ejemplo práctico: si la cobertura de ingresos mínimo desaparece a la firma de un contrato temporal o de prácticas, ¿quién acepta incorporarse al mundo laboral y perder la mínima seguridad que tiene? Esta es la cronificación de la situación de pobreza y la indirecta promoción de la economía sumergida del actual sistema. Es un ejemplo, pero no es tan puntual como todos sabemos.

No se trata de contraponer la promoción de la inserción laboral y el ingreso mínimo garantizado. Este debe servir para aquella. Si no, sirve para poco. Sería un mero pan para hoy y hambre para mañana. El objetivo social es que toda persona pueda ejercer su derecho a un trabajo digno. La propuesta de Cáritas al Gobierno de la nación en este pasado mes de marzo ha sido que el Ingreso Mínimo Garantizado debería contar con un complemento que facilite la incorporación al mercado de trabajo. Una extensión a través de una cantidad que bonifique el acceso al empleo. Que estimule, más que aplane.

Por otro lado, la propuesta de un ingreso mínimo garantizado para la inclusión no puede quedar circunscrita a la actual crisis que estamos atravesando con ocasión del Covid-19. Ya había pobreza antes del Coronavirus, y habrá pobreza y exclusión cuando pase esta pandemia. El bien común y la justicia social es una búsqueda permanente que debe estar en manos de todos. Las crisis pasadas, presentes y futuras siempre proyectan sus efectos más perjudiciales sobre la población más vulnerable y sobre la población que no goza de una estabilidad permanente. Y es a esta población vulnerable e insegura, a la que debemos garantizar una renta mínima que les permita navegar en las circunstancias más adversas y no hundirse ni en el momento álgido de la crisis, ni en los momentos de recuperación que sucedan a la crisis.

Cáritas señala que es urgente la implementación de un ingreso mínimo de carácter estatal que asegure una red de protección económica a quienes ya sufrían la exclusión social, a quienes se han incorporado en las semanas que llevamos de crisis, y a los que irán cayendo en esta situación en los próximos tiempos. Esta situación en Canarias va a ser tremenda. ¿Cuándo volverán aquellos turistas que activaban nuestra economía y el 40 % de nuestro producto interior bruto? ¿Cuándo volverá el nivel de puestos de trabajo que había, que ya era precario, después que pase esta pandemia que parece tener in final incierto? Aquí no vale el refranero popular y aquello de ande yo caliente, ríase la gente, porque cuando hay frío, todos los pies lo padecen.

La caridad exige la justicia; y la justicia necesita la solidaridad para ser humana.