La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, alaba la "regla" de NC de "priorizar" el diálogo y la negociación para defender los derechos de los ciudadanos canarios, tanto en el gobierno como en la oposición, sin importar el color político que domine en el Ejecutivo estatal. González destacó este modelo de entender y practicar la política, basado en la responsabilidad con los intereses generales de Canarias, como fue el caso del prolongado conflicto sobre los convenios de carreteras, iniciado con el ministro Montoro del PP, que les quitó la financiación, y terminado con la ministra Montero del PSOE, a pesar de su rechazo a devolver lo que por sentencia del Supremo es suyo.
La diputada de los Canarios Progresistas hizo un planteamiento tras el acuerdo del Consejo de Ministros del martes para aprobar la firma de la adenda al convenio de Carreteras para el periodo 2018-2027 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el Gobierno canario. Esto pone fin a la disputa. Esther González afirmó que este acuerdo era "justo" y devolvería 1.000 millones de euros.
El trabajo para llevar a cabo el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez fue valorado por Román Rodríguez, actual vicepresidente y consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos, quien lo suscribió en enero de 2020 en el Congreso de los Diputados. Estuvo presente el congresista Pedro Quevedo, de los canaristas progresistas. Se hizo sin ruidos ni alharacas.
La agenda canaria incluía la solución de los problemas de carreteras creados en 2012 por el gobierno del PP dirigido por Mariano Rajoy. Estos conflictos se habían generado de forma "unilateral" al retirar los fondos previamente prometidos a las Islas Canarias para esta área.
Esther González recordó que en esta agenda se había comprometido a cumplir con las sentencias judiciales del Tribunal Supremo sobre el pago de la deuda relacionada al incumplimiento del Ministerio de Fomento del Convenio en materia de Carreteras 2006-2017. Respecto a los 407 millones de euros que la Comunidad Autónoma de Canarias no pudo ejecutar por falta de fondos, se negociará su adición al Convenio de Carreteras 2018-2027 entre la Administración General del Estado y la CAC.
NC presentó una modificación a los PGE 2021, que incluyó los primeros 100 millones de euros de los 500,37 millones dictaminados por el Tribunal Supremo en la sentencia favorable para la obra realizada con fondos propios de la región.
En el presupuesto estatal para 2022, tras las negociaciones con el equipo de Sánchez para obtener el apoyo de NC, la portavoz económica anunció que se añadió una partida de 200 millones de euros. Aún faltaban otros 200 millones de euros más los intereses relacionados con la anualidad del 2023 para cumplir completamente con la sentencia, destacó.
El acuerdo alcanzado entre NC y el PSOE incluye la recuperación de los 407 millones de euros del convenio que no se habían ejecutado, los cuales se incorporarán a las anualidades de 2026 y 2027. Esto supone un total de 1.000 millones de euros "detraídos" por el PP, los cuales han sido "ganados" en el Tribunal Supremo gracias a las denuncias interpuestas por el Ejecutivo de Paulino Rivero y finalmente "recuperados" tras la negociación del Gobierno canario de progreso de la X Legislatura.
La estrategia de enfrentamiento del Gobierno de Fernando Clavijo entre 2017 y 2019 no tuvo éxito para resolver el conflicto con la Administración del Estado. Nueva Canarias ha vuelto a demostrar su compromiso por priorizar el diálogo y la negociación como medio de defender los derechos de todos los canarios.
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