Dos años y medio después del inicio de ese contrato, no hay dinero, no hay mascarillas, “pero sí indicios de irregularidades” detectadas por la Audiencia de Cuentas, imputaciones judiciales detectadas por la Fiscalía Anticorrupción, con querella y procedimiento abierto en el Juzgado por supuestos delitos de, al menos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias a dos altos cargos del Gobierno de Canarias, además de estafa agravada y blanqueo de capitales por parte de empresas y particulares en esa transacción.
El hecho de que el proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias cuestiona otras contrataciones, sugiere “a nuestro entender, que podrían existir otros gastos que superaban los umbrales establecidos en la normativa vigente, sin que se solicitara la autorización al gobierno de Canarias”, señaló el diputado.
De todo ello “no nos hemos enterado por un ejercicio de transparencia del Gobierno sino por las actuaciones de terceros, denuncias de particulares, investigaciones periodísticas, elaboración de informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y el procedimiento judicial abierto”.
Ante todo este proceso, Díaz- Estébanez defendió el papel de la oposición desde que estas irregularidades empezaron a salir a la luz, “que ha actuado con paciencia y templanza ejemplares, evitando caer en precipitaciones y sin menoscabar, ni en un ápice, la presunción de inocencia”.
En este sentido, cabe recordar que desde el Grupo Nacionalista Canario hemos presentado innumerables iniciativas (Comparecencias y Preguntas en Plenos y Comisiones, Solicitudes de Documentación, Preguntas por Escrito, incluso interpelaciones al Comisionado de Transparencia, durante meses), “sin demasiado éxito, que hacen más inverosímil la excusa esgrimida por el Presidente del Gobierno para evitar apoyar esta Comisión, alegando que la oposición había esperado hasta la judicialización del tema, en una evidente y torpe confusión entre responsabilidades políticas y judiciales”.
“Porque realmente lo que venimos a reclamar con esta comisión es que, con luz y taquígrafos, se aclare quién tomó las decisiones y bajo qué premisa legal; para lo que se plantean casi una veintena de preguntas claras, evidentes y concretas que se hace imprescindible contestar”, advirtió.
El diputado insistió en que no se pretende con esta Comisión colisionar con la labor de la Justicia, sino ofrecer a la ciudadanía “las explicaciones que se merecen, con garantía de establecer las responsabilidades políticas a que hubiera lugar y el establecimiento de unas condiciones para que no se repita en el futuro un escándalo de estas dimensiones que pueda quedar impune”.
"CONTRATACIÓN CHAPUCERA"
El diputado popular ha insistido en saber quien recibe el primer contacto para acometer la operación, quién tenía conocimiento, si hay algún contrato por escrito, quién autoriza la compra, por qué se adjudican hasta 18 millones a empresas que no son del sector sanitario o como se cierra una "contratación chapucera" a través de un mensaje de móvil.
Así, ha comentado que el comité de emergencias fue una "tomadura de pelo" y "un gran invento" y sostiene que este caso solo es la "punta del iceberg" de otras contrataciones realizadas durante la pandemia.
Ester ha criticado que Torres "se esconda como una avestruz" y tal y como pidió a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe dar una "respuesta clara y rotunda" y exponer "con luz y taquígrafos" todo lo que ha ocurrido.
Ha recordado que su grupo ya pidió desde junio la apertura de una comisión de investigación pues ya conocen la "incompetencia" en la gestión del Gobierno y ahora se trata de saber si "hay actos deshonestos".
Además se ha preguntado "qué tratan de ocultar" los diputados si votan en contra y entiende que "no hay excusas" para decir que no.
Si (
No(
