“El presupuesto del Cabildo tiene que servir para poner más economía en la calle y no para tener una sociedad subsidiada”

El Partido Popular plantea una “revolución de la estructura administrativa del Cabildo de Tenerife” en su programa de gobierno, tal y como ha explicado el candidato de la formación política a presidir la institución insular, Lope Afonso, que ha sido muy contundente al afirmar que “el presupuesto del Cabildo tiene que servir para poner más economía en la calle y no para tener una sociedad subsidiada”.

Afonso se refirió a los bajos niveles de ejecución presupuestaria del Cabildo, “que ha sido una tónica durante el último mandato, y que ponen de manifiesto una preocupante falta de capacidad de gestión, que trae como consecuencia que dejen de invertirse millones de euros en la economía real de la Isla”.

“La administración tiene cada vez más dinero, pero los ciudadanos son cada vez más pobres”, asegura el candidato del PP a la presidencia del Cabildo, que insiste en la necesidad de “implantar medidas de reestructuración administrativa para convertir el Cabildo en una administración ágil y eficiente”.

“Hemos observado cómo, en cada rincón de Tenerife, se produce una queja unánime de ciudadanos y agentes económicos: la administración, por su lentitud, se ha convertido en un lastre, en lugar de un aliado de los tinerfeños, y desde el Partido Popular creemos que es prioritario revertir esa situación”.

Con ese objetivo, Afonso ha incluido en su programa de gobierno para Tenerife una serie de medidas encaminadas a “aportar eficiencia y agilidad administrativas”, como, por ejemplo, la creación de oficinas de asistencia municipal integral, que apoyen a los municipios de la Isla en cuestiones como el urbanismo, la contratación administrativa o la internacionalización de la economía municipal.

Además, el PP propone la implantación de la comunicación previa a la administración con carácter general, mediante la declaración responsable, suprimiendo, en la medida de lo posible, la autorización previa para el ejercicio de cualquier actividad económica y licencias, además de reducir los tiempos de tramitación en los expedientes y revisar y homogeneizar los procedimientos que permitan dar certidumbre y seguridad jurídica a los operadores.