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Cs exige responsabilidades a Hidalgo tras rechazar el Supremo el recurso de la FAT
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Cs exige responsabilidades a Hidalgo tras rechazar el Supremo el recurso de la FAT

lunes 09 de marzo de 2020, 12:00h
Correas subraya que la decisión del alto tribunal “avala la nulidad del nombramiento”, y denuncia “el coste que supondrá para las arcas públicas”

El grupo municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria ha exigido este lunes “explicaciones y responsabilidades políticas al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo (PSOE)”, tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de no aceptar el recurso presentado por el ayuntamiento para rechazar las dos sentencias que declararon nula la elección de Tilman Kuttenkueler como director de la Fundación Canaria Auditorio y Teatro (FAT).

Al respecto, la portavoz de Cs en la corporación local, Beatriz Correas, ha recordado que este concurso, denunciado por Juan Márquez, exgerente del Teatro Cuyás y de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, fue anulado en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de las Palmas de Gran Canaria, y, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tras la presentación de un recurso de apelación por parte del Ayuntamiento, a través de la citada Fundación.

“Y, a pesar de que muchas voces desaconsejaban recurrir ante el Tribunal Supremo”, ha subrayado Correas, “la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria presentó el recurso y ha vuelto a perder, confirmando el alto tribunal la nulidad de aquel nombramiento”.

Ante esta situación, “desde Ciudadanos exigimos responsabilidades políticas al alcalde como máximo responsable también de la Fundación”, pues “no hay que olvidar que la pérdida de ambos recursos supondrá un coste adicional para el Ayuntamiento que desconocemos”, ha advertido la portavoz municipal de Cs.

Por último, Correas ha anunciado también que pedirá “explicaciones Hidalgo sobre este proceso selectivo”, ya que “la ciudadanía merece saber qué ha ocurrido y por qué deben pagar los ciudadanos por un procedimiento que, a tenor de las sentencias, nació viciado y plagado de irregularidades”.

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