El sindicato alerta de que a pesar de que el inicio oficial del curso fue el 1 de septiembre, la Consejería regularizó a los nuevos funcionarios en prácticas y a los interinos el día 2, coincidiendo con el primer lunes del mes, con el único objetivo de ahorrarse una jornada de sus cotizaciones y su salario
ANPE Canarias, el sindicato con más representación en la enseñanza pública docente no universitaria de las Islas, ha denunciado hoy la discriminación a la que han sido sometidos cerca de 7.000 docentes a los que la Consejería de Educación ha dado de alta en la Seguridad Social un día después de la fecha oficial de inicio de curso. A pesar de que el nuevo período escolar comenzó el 1 de septiembre, tal como marca el calendario diseñado por la propia administración educativa, todos estos profesionales han sido incorporados al sistema el día 2, coincidiendo con el primer lunes del mes, en vez del domingo. “Por desgracia, esta decisión no nos coge por sorpresa.
El año pasado se utilizó el mismo criterio, pero entonces los docentes perdieron dos días de cotización, salario y antigüedad porque el 1 de septiembre fue sábado. Nos parece un atropello injustificado e innecesario hacia los profesionales, tanto los docentes que acaban de aprobar sus oposiciones como todos los interinos que llevan años sosteniendo el sistema público y recibiendo un trato desigual con respecto al resto de sus compañeros”, lamenta Pedro Crespo, presidente de la organización.
Esta gestión contrasta con la política que han llevado a cabo otras comunidades autónomas, como Castilla La Mancha, Aragón, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Baleares, Asturias, Navarra o Galicia, cuyas administraciones educativas, al menos el curso pasado, dieron de alta en la Seguridad Social a todos sus docentes el día 1 de septiembre. “Pediremos al nuevo equipo de la Consejería de Educación que rectifique su actuación y abone ese día, igual que hicimos el curso pasado con el anterior. Esperamos tener más éxito que entonces, ya que los responsables de la gestión hasta el pasado mes de julio no corrigieron su error y tuvimos que llevarlo a los tribunales, que aún no se han pronunciado”, señala Crespo.
A juicio de la organización, un Gobierno y una Consejería que afirman defender la enseñanza pública y su indiscutible papel a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades no pueden permitir prácticas que denigren a una parte del profesorado.
Entre los cerca de 7.000 afectados están más de mil docentes que obtuvieron su plaza en las oposiciones y que, aun siendo funcionarios en prácticas, no han tenido el mismo reconocimiento que el resto de compañeros que cuentan con más experiencia. A ellos se unen unos 6.000 interinos, un colectivo que se enfrenta a muchas otras dificultades derivadas de su inestabilidad laboral.
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