El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó la importancia de que el Consejo de Ministros haya solucionado definitivamente el conflicto de carreteras que se arrastraba desde hace 10 años por incumplimiento del Ejecutivo español encabezado por Mariano Rajoy con el convenio 2006-2017. En una comparecencia en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria junto con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, Torres subrayó que el apoyo a la firma de una adenda por 407,5 millones de euros pronto confirma el acierto del compromiso entre ambos gobiernos para dialogar y negociar. A su vez, dijo que “pone fin a una injusticia cometida únicamente contra la Comunidad Autónoma de Canarias por parte del Gobierno del PP".
Según Torres, es muy importante que el conflicto se resuelva con la aprobación de la adenda por 407 millones de euros, sumándose a los 500 millones ya reconocidos y asignados en los presupuestos regionales para 2021 (100 millones), 2022 (200) y 2023 (200 más 40 por intereses de demora). Recordó el daño que ocasionó el incumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Rajoy, pues tuvieron que suspender obras adjudicadas solo en Canarias. La sentencia fue contundente debido a que no se podía anular un convenio cuando ya estaban en marcha y además violaba el REF, el fuero canario y perjudicaba la economía y la conectividad. Señaló que fue una buena decisión recurrir a la justicia porque se había pisoteado a una Comunidad.
El Presidente de Canarias cree que lo mejor es solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia, mediante la negociación. Torres desea que esto no vuelva a ocurrir pero tampoco se olvide, ya que el PP afirma que el Gobierno de España incumple ahora el REF sin mostrar vergüenza. Destacó que hay mil millones de euros pendientes de resolver.
El Gobierno asignó 500 millones de pesos para gastos ordinarios, destinados a financiar servicios básicos y obras.
Román Rodríguez recordó que en 2018 los 500 millones de euros fueron reconocidos como un superávit para Canarias y el Gobierno regional no lo aceptó. Esto porque no impactaría en la vida de los canarios, sino que solo se usaría para amortizar la deuda pública. Por eso, acordaron reclamar que estos 500 millones se destinaran al gasto ordinario de cualquier ámbito competencial. Además, buscaron una fórmula para traspasar lo convenido pero no ejecutado a la Comunidad Autónoma, algo que hoy se cumple aunque no fue sencillo.
Rodríguez aseveró que algo que había quedado pendiente durante el Gobierno de Canarias entre 2015 y 2019, ahora lo han solucionado ellos. Esto implicaba 500 millones en un limbo, los cuales se han gastado desde 2021 en la prestación de servicios y obras. Por otra parte, hoy se han aprobado 445 millones, de los cuales 38 ya se han ejecutado, quedando 407 millones por ejecutar.
En su discurso, Sebastián Franquis explicó que el año pasado se certificaron 38 millones de obra ejecutada antes de 2018, lo que elevó la adenda a 407. El consejero recordó que hace un mes el Gobierno central autorizó a Raquel Sánchez para firmar la adenda y que la región puede certificar otros 134 millones de obra ejecutada, cantidad que ahora se anticipa para saldar la deuda por trabajos ejecutados y certificados. De esos 134, 125 se certificaron el 15 de septiembre y los restantes 9 en enero próximo.
Franquis destacó la necesidad de solucionar el conflicto de hace diez años con política, conversación y comprensión. Indicó que se espera firmar la adenda en las próximas semanas.
El consejero dijo que el Consejo de Ministros ha autorizado el pago de 407 millones de euros para saldar la deuda pendiente del convenio anterior (2006-2017). Esta cantidad se abonará en dos partidas. La primera será una cantidad casi inmediata y anticipada de 134,5 millones de euros para las obras no ejecutadas antes de que finalizara el convenio citado (2017). El Gobierno de Canarias ha estado ejecutando estas obras entre 2019 y 2022 con sus propios fondos.
El Estado ha realizado un segundo pago de 407 millones de euros para completar la deuda. Esta cantidad se destinará a la suscripción de una adenda al Convenio de Carreteras, que asciende a 273 millones. Esta adenda se dividirá en dos anualidades para los años 2026 y 2027, y hasta ahora no contaba con ningún tipo de aportación económica. El Convenio de Carreteras firmado en 2018 ascendía a 1.200 millones, pero con esta adenda el total pasará a ser 1.473 millones.
El Estado español debía a Canarias más de mil millones de euros por incumplimientos en el Convenio de Carreteras entre 2006 y 2017. De esta cantidad, 419 millones eran por obras ejecutadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma y 445 millones por aquellas que no se pudieron realizar por falta de financiación estatal. Además, los intereses generados ascendían a 139,7 millones, llevando la deuda total a 559,2 millones. La Administración regional demandó al Estado ante los tribunales y obtuvo el fallo a su favor. El Gobierno del Partido Popular puso trabas para abonar la cantidad, pero el actual Ejecutivo canario ha logrado un acuerdo con el Estado para solucionar y liquidar la deuda.
El Gobierno central ha tomado medidas para controlar la inflación.
Torres hizo referencia al tercer conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno español para combatir la inflación desde la invasión rusa de Ucrania, y destacó su impacto en Canarias. El consejero de Hacienda también señaló que en Canarias no hay espacio para reducir los impuestos energéticos, como el combustible o los alimentos, ya que el IGIC está en cero para estas categorías. Además, considera un acierto que el Gobierno de las Islas ayude a los colectivos más afectados, como agricultores o transportistas (manteniendo la subvención de 20 céntimos por litro de carburante), así como que se extiendan iniciativas para evitar desalojos, cortes de luz y otros servicios básicos a familias que no pueden afrontar estos gastos.
El Presidente destacó que hay un conjunto de medidas para aquellos afectados por el volcán de La Palma. A pesar de los desafíos, Canarias ha mejorado su seguridad social y evitado que 300.000 personas caigan en la pobreza. Además, recordó el paquete fiscal aprobado por su gobierno con el presupuesto de 2023 para rentas inferiores a 50.000 euros, los buenos resultados en términos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social, los datos del turismo durante la temporada invernal y los avances en la diversificación de la economía.
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