En las últimas semanas los empleados públicos de esta Comunidad que, previa autorización, desarrollamos parte de nuestra jornada laboral en la modalidad de teletrabajo, hemos sido los protagonistas de críticas lanzadas por las patronales, donde se nos acusa de ser “una lacra que está pesando en el desarrollo de Canarias” por el mero hecho de que “los funcionarios sigan en teletrabajo”.
A estas críticas también se han sumado las dudas de algunos dirigentes políticos sobre la eficacia de este modelo de trabajo a distancia, cuando hace apenas unos meses sacaban pecho para recibir el premio otorgado a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, por el Proyecto Teletrabajo de la noche a la mañana, otorgado por la Revista Sociedad de la Información Digital.
Pronto han olvidado que tras decretarse la pandemia, más de 80.000 personas, de todos los Departamentos del Gobierno y de las ocho islas, pudieron realizar su trabajo desde casa, de forma rápida, fiable y segura, evitando así el colapso administrativo y manteniendo los servicios públicos a la ciudadanía.
El problema de la lentitud en los trámites administrativos no tiene que ver con el teletrabajo de las y los empleados públicos como se nos pretende responsabilizar, si no la falta de personal así como de planificación y gestión de los recursos.
Intersindical Canaria quiere denunciar que no son los empleados públicos de esta comunidad los responsables de la falta de regulación y publicación del Decreto que establezca objetivos y su evaluación, planificación, organización y ordenación del trabajo, en la modalidad de teletrabajo.
Los trabajadores somos los grandes perjudicados, realizando una actividad laboral sin que se cumplan requisitos organizativos o personales mínimos en condiciones de seguridad o bienestar de los propios empleadas o empleados públicos.
Intersindical Canaria insta al Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, D.Julio Pérez, a impulsar de forma urgente los trámites necesarios para la publicación y entrada en vigor, del Decreto por el que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo del personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según negociación de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos.
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