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toque de queda

El 21 por cien de población

Un total de 382 municipios repartidos en seis comunidades autónomas --Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana-- aún mantienen el toque de queda avalado por la Justicia. Esto supone que al menos diez millones de españoles, el 21% de la población, continúan viviendo con esta limitación a la movilidad nocturna

Los nacionalistas advirtieron al PSOE de los efectos de finalizar el estado de alarma “sin un paraguas legal para las Comunidades Autónomas”

Aragón, Navarra y Asturias, ante la explosión de contagios

Los gobiernos autonómicos de Aragón, Navarra y Asturias han solicitado el aval de la Justicia para imponer un toque de queda selectivo en ciertos municipios de sus respectivos territorios que presentan una alta incidencia acumulada de Covid. Por su parte, Cataluña ya ha obtenido la autorización del Tribunal Superior de Justicia para prorrogar la vigencia de esta medida restrictiva, mientras que la Comunidad Valenciana ha confirmado que va a ampliar esta limitación a un mayor número de localidades

Deberán obtener el aval de los tribunales

Dos nuevas Comunidades Autónomas, Cantabria y Cataluña, han pedido este miércoles establecer un toque de queda en sus territorios ante el aumento de contagios de los últimos días en España, medida que necesita ser autorizada por los tribunales. Canarias, sin embargo, no ha encontrado este aval de la Justicia para imponer una limitación a la movilidad nocturna

La Sala afirma que la restricción de la libertad de circulación no es proporcionada para impedir botellones en espacios públicos. El Tribunal reitera que la Administración cuenta con otras normas no tan restrictivas de derechos fundamentales para evitar las aglomeraciones públicas nocturnas

Propuesta de los expertos del ministerio

La Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad ha propuesto, en una reunión mantenida este martes, cerrar el ocio nocturno y estudiar la posibilidad de aplicar un nuevo toque de queda ante el resurgimiento de casos de contagio de coronavirus.

El jefe del Ejecutivo autonómico remarca que en 2020, pese a la pandemia, se ejecutaron 104 millones en obra pública, lo que contrasta con los 63 millones de 2018

La Policía Local santacrucera detecta fiestas ilegales en domicilios, exceso de aforo, mesas y sillas en un quiosco de Las Teresitas e incumplimientos por no usar mascarilla

rechaza el recurso del Gobierno

La propuesta de limitación de la libertad de circulación de las personas en dicha isla se adoptó por el Gobierno canario en sesión de 8 de julio

Considera que el TSJC “deja a las administraciones sin una de las medidas de control sanitario más efectivas para combatir la pandemia”

Torres recuerda que la restricción de la movilidad nocturna ha sido una de las herramientas más efectivas para doblegar la curva de contagios y lamenta que este miércoles se haya producido la mayor cifra de positivosde la pandemia en las Islas

Comunidad Valenciana y Canarias lo implantan de forma selectiva

El incremento de la incidencia acumulada en España, que se sitúa en 368 con datos de este pasado lunes, ha obligado a las Comunidades Autónomas a volver a tomar nuevas limitaciones en los aforos y restricciones en la hostelería y en sectores como el ocio nocturno. Además, otras autonomías están empezando a plantearse un toque de queda selectivo, como es el caso de la Comunidad Valenciana, que ya lo ha aprobado con el pertinente aval de la Justicia

“Una medida no ratificada judicialmente no es eficaz y no puede ser aplicada”, dice la Sala

Criticó, en sesión plenaria, la falta de planificación por parte del Gobierno central que ha conducido a que las regiones estén inmersas en un limbo jurídico a la hora de adoptar restricciones para garantizar el control de la pandemia

Unos tribunales autonómicos creen que fijar un toque de queda para luchar contra la pandemia es una restricción de un derecho fundamental proporcional al fin que se persigue y otros estiman que hay que aplicar instrumentos menos lesivos para el conjunto de la ciudadanía. Los jueces discrepan, y los Gobiernos autonómicos miran al Supremo.